Agustín
Una vez escuchadas las partes, el juez ordenó que se mantenga la prisión preventiva de las acusadas, y fundamentó su decisión durante la audiencia basándose tanto en el peligro de fuga como en el de entorpecimiento, pero además especificó que las circunstancias no variaron desde el dictado anterior de la medida.
Dispuso además que en el término de dos meses se lleve a cabo una nueva revisión de la prisión preventiva, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias a investigar y dando tiempo a la fiscalía para poder avanzar en la investigación. Se fijará nueva audiencia en ese término para revisar si variaron o no las circunstancias, trámite que estará a cargo de la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu).
La defensa de la hermana mayor, había solicitado la revisión de la prisión preventiva por cuanto la mujer tiene problemas de salud que fueron certificados. Además ofreció caución personal de su hijo y caución real por un inmueble y tres vehículos de su padre.
Por su parte, la defensa de la hermana menor había pedido la revisión ya que la mujer tiene una hija de 9 años que siempre vivió con ella, y que actualmente se encuentra al cuidado del padre pero que refirió en algunas oportunidades sufrir la falta de su madre.
Ambas defensas solicitaron la libertad con medidas cautelares o en caso de no corresponder, la prisión domiciliaria de ambas.
Fue contraria la postura de la fiscalía y de las querellas, que pidieron al juez que las acusadas continúen detenidas ante el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Destacaron que el dinero que pagaron las víctimas aún no apareció y que podría ser utilizado para evadir la justicia.
En su resolución, el juez demás ordenó dar intervención al asesor de menores correspondiente en relación a lo manifestado por la defensa y la acusada con respecto a la hija menor y la situación que la niña atraviesa.
Las hermanas eran propietarias de la agencia de viajes Siddartha. La investigación se inició tras numerosas denuncias de clientes que contrataron paquetes de viaje y que no pudieron concretar. Los clientes habían realizado los pagos de cada paquete tanto en dólares como en pesos argentinos, sea en efectivo como por transferencias bancarias a cuentas de las imputadas.
Las denuncias revelaron que, a pesar de que la empresa ya estaba en cesación de pagos, las propietarias continuaron vendiendo viajes y recibiendo pagos, utilizando tácticas como descuentos y facilidades de pago para atraer a más clientes.
Se habían presentado en concurso preventivo de acreedores el 23 de diciembre de 2024, lo que resultó en la cancelación de los viajes y la falta de devolución del dinero a los clientes. Muchos clientes intentaron contactar a las hermanas Maigua para obtener información sobre sus viajes y el reembolso del dinero, pero refirieron que en esas oportunidades recibían respuestas vagas, evasivas o no recibieron ninguna respuesta.
La suma total defraudada superaría los sesenta millones de pesos, además de los montos en dólares que aún no fueron determinados.
Ambas hermanas fueron detenidas el 9 y el 10 de enero de este año. El 23 de enero, mediante audiencia flexible y multipropósito se dispuso la prisión preventiva de ambas.
