Los hechos ocurrieron en Iruya. La denunciante contó que su expareja (41) había realizado actos de contenido sexual en contra de su voluntad un día que llegó alcoholizado a su casa. Relató que ella se encontraba junto a sus cuatro hijos menores en el domicilio cuando se presentó el acusado. La sujetó y comenzó a forcejear con claras intenciones de abusar sexualmente de ella. El imputado solo logró tocar sus partes íntimas porque la denunciante gritó pidiendo ayuda y una de sus hijas entró al cuarto exigiéndole a su padre que se fuera.
La joven expresó que el primer año que estuvieron juntos él no era malo, pero después, conforme pasaron los años, se fue poniendo agresivo y ella sufrió mucha violencia física y sexual, sobre todo cuando su pareja se alcoholizaba.
En un juicio abreviado del Plan Piloto de Oralidad, la jueza Gabriela Romero Nayar condenó al acusado a la pena de tres años de prisión condicional por resultar autor del delito de abuso sexual simple. Por la modalidad de la condena impuesta, el sujeto permanecerá en libertad pero deberá cumplir una serie de obligaciones durante tres años para conservarla. Entre ellas, realizar tratamiento psicólogo a efectos de controlar sus impulsos por el tiempo que el profesional tratante lo estime conveniente y presentar las constancias correspondientes; prohibición de acercamiento a 300 metros de la denunciante, de su domicilio y lugares de concurrencia habitual; prohibición de contactarse con ella por cualquier medio y de ejercer actos de violencia física o psíquica en su perjuicio; prohibición de cometer nuevo delito.
La jueza ordenó finalmente que se le extraigan muestras de ADN al condenado para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
