Cuatro imputados por el cruel femicidio en Santa Victoria Este

FRENTE A FRENTE.-El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó a tres mayores y un menor de 14 años de edad, por la supuesta comisión del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosia y por mediar violencia de genero (femicidio). Con la asistencia de defensores oficiales y un traductor de lengua chorote, los cuatro acusados hicieron uso de su derecho a declarar.

La intervención de la Fiscalía Penal GAP comenzó a partir de las actuaciones realizadas por la Subcomisaría de Santa Victoria Este, con fecha del 13 de diciembre. Ese día, en horas  de la madrugada,  la víctima, se encontraba con los cuatro imputados  ingiriendo bebidas debajo de un árbol, en la entrada a la Comunidad La Gracia, a 50 km de la Ruta Provincial 54, de la Localidad de Santa Victoria Este, Departamento  Rivadavia.

La Fiscalía realiza una valoración inicial, teniendo en cuenta los informes y documentos recolectados durante la investigación. Estos incluyen los relevamientos policiales y del Grupo de Investigadores GAP, exámenes médicos, y el material fotográfico que fue obtenido  a través de las actuaciones correspondientes. 

Según estos antecedentes, la joven de 17 años, se habría resistido a mantener relaciones sexuales con sus acompañantes, hecho que habría motivado que comenzaran  a golpearla en distintas partes del cuerpo, logrando de esta manera inmovilizarla. En ese estado total de indefención, los acusados la habrían agredido sexualmente.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima, ya inconsciente a causa de los golpes recibidos, fue arrojado a un canal de agua, donde había un barranco, abandonándola en el lugar, donde finalmente falleció. En el certificado de defunción consta que su muerte fue consecuencia de asfixia por sumersión, shock grave y politraumatismos.

El fiscal Vega solicitó formalmente la continuación de la detención de los tres adultos imputados, además de requerir que no se entregue la custodia del menor a sus padres, quien permanece internado en el Centros de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal.