Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Senado podría enfrentarse en los próximos días a un nuevo escándalo vinculado a los fondos públicos, aunque esta vez no por un hecho de presunta corrupción como el de Edgardo Kueider sino porque las dietas de los legisladores podrían pasar de 4,5 millones a más de 9 millones de pesos.
Es porque en abril pasado, en una escandalosa acción, una mayoría considerable de senadores aprobó sin debate y mano alzada un proyecto que actualizó los percepciones salariales (módulos) y que empalmó la dieta a la paritaria de los trabajadores del Congreso. De ese modo, cada ajuste salarial en beneficio de ese grupo se replicaría en los senadores.
La movida, apoyada transversalmente por todos los bloques, salvo contadas excepciones, fue suspendida por el propio cuerpo en agosto –momento en el que se activó la cláusula de ajuste por parte de los sindicatos que operan en la órbita del Poder Legislativo–, bajo la resolución 27/24 y hasta el 31 de diciembre este año.
El presidente del bloque PRO, Luis Juez, que votó contra el aumento en la dieta, señaló que "el vergonzoso e inexplicable mecanismo adoptado en el anterior aumento de dietas nos impide de cualquier manera ser acreedores de cualquier reajuste", según indicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
Tanto el bloque libertario que conduce Ezequiel Atauche, como en la UCR, que preside Eduardo Vischi, no estaban en acción para prolongar la resolución 27/24, según especificaron a esta agencia fuentes de los despachos de esas bancadas.
Si bien la fecha límite oficial en la que vence la resolución es el 31 de diciembre, los senadores tendrán, al menos, unas dos semanas más en enero para reactivarla porque, de actualizarse la dieta, sería para cobrar a partir de febrero. Es decir, dispondrán de esos días hasta que las oficinas administrativas inicien la liquidación de los sueldos.
En una de los reuniones que se dieron por la sesión del jueves último, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó colar la discusión sobre la dieta -en medio del debate sobre el futuro de Kueider-, pero no tuvo éxito. Villarruel aspira a que los presidentes de cada bloque firmen una nota, casi idéntica la que elevaron en agosto, para prorrogar la resolución 27/24.
De esta manera, la vice evitaría ser la encargada de darle la mala noticia al cuerpo que preside, con el que termina el año no de la mejor manera por los despidos de trabajadores en octubre y la mala estrategia elegida en el caso Kueider.
