Condenaron a un conocido locutor por abuso sexual

Un locutor fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, tras ser denunciado por una empleada de casas particulares que trabajaba en su domicilio. El fallo fue dictado por el juez Martín Pérez, de la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro.

Salta12/12/2024AgustínAgustín
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El caso se originó cuando la víctima, una mujer que se desempeñaba como trabajadora doméstica, relató que el acusado la agredió durante una situación laboral. Según su denuncia, el hombre, quien se encontraba en su habitación debido a una discapacidad física, la convocó para entregarle su salario. Al extender la mano para recibir el pago, el locutor la sujetó con fuerza, la besó contra su voluntad y la sometió a tocamientos indebidos. Tras un forcejeo, la mujer logró liberarse y escapar del lugar.

La investigación fue llevada adelante por la fiscal Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Luján Sodero Calvet, quien presentó las pruebas recolectadas durante el proceso penal. En la audiencia de debate, se valoraron los testimonios y las evidencias que permitieron establecer la culpabilidad del acusado.


 
La condena incluye una pena de prisión condicional, lo que significa que el condenado no cumplirá la pena en cárcel, salvo que incumpla las condiciones impuestas por el tribunal. Estas suelen incluir restricciones de acercamiento a la víctima, la prohibición de contacto y el sometimiento a tratamiento psicológico.

La condena también pone en debate la proporcionalidad de las penas en casos de abuso sexual simple y su impacto en la sociedad. Aunque el fallo fue celebrado como un acto de justicia por parte de los sectores que acompañaron a la víctima, también genera reflexiones sobre la necesidad de sanciones que actúen como una verdadera medida de disuasión y protección.


 
Este fallo marca un precedente importante en la lucha contra los abusos y reafirma el compromiso del sistema judicial de actuar frente a delitos que atentan contra la integridad de las personas, independientemente del perfil del acusado.

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