Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a 14 personas por diversos delitos en el marco de una causa que involucra una presunta asociación ilícita dedicada al robo de cables, caños y ganado, además de hurtos calificados y tenencia ilegal de armas de fuego.
La investigación surgió a partir de reiterados hechos de robo denunciados por vecinos de la zona y canalizados a través de la denominada Mesa del Cobre, conformada por el Ministerio Publico Fiscal, fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de empresas de servicios, que en intervenciones anteriores permitió el secuestro de elementos vinculados a la sustracción de metales, cables, medidores de agua y luz, entre otros objetos. Esto derivó en trece allanamientos simultáneos que se realizaron el pasado 3 de octubre en distintos domicilios del Valle de Lerma.
Entre los principales acusados se encuentran tres hermanos que, según la investigación, encabezaban la organización. A uno de ellos se le imputó asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, y abigeato agravado por la participación de tres o más personas en tres oportunidades, todo ello en concurso real y en calidad de autor. A otro de los hermanos se le imputó asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, robo en poblado y en banda en tres hechos, hurto calificado de agroquímicos, abigeato agravado en tres hechos y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización, en calidad de autor. El tercer hermano fue acusado de asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos oportunidades, abigeato agravado en tres hechos y tenencia ilegal de armas de fuego, todo en calidad de autor y en concurso real.
Además, otro de los acusados fue imputado por asociación ilícita, robo en poblado y en banda, robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, hurto calificado de agroquímicos y abigeato agravado en tres oportunidades, en calidad de cómplice secundario. Otros dos acusados fueron imputados por asociación ilícita, hurto calificado y tenencia de arma de fuego de uso civil. Uno de ellos también fue acusado de abigeato agravado, en calidad de cómplice secundario. Todos ellos se encuentran detenidos.
En relación con los imputados que se encuentran en libertad, tres de ellos, un hombre y dos mujeres, son acusados por asociación ilícita, robo en poblado y en banda, y robo en poblado y en banda en grado de tentativa en dos hechos, además de otros delitos relacionados con el robo de cables y caños, en calidad de cómplices secundarios. Otro de los acusados, por asociación ilícita y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización, mientras que otro enfrenta cargos de asociación ilícita y abigeato agravado por la participación de tres o más personas en tres hechos, en calidad de autor. Finalmente, un último hombre es acusado de asociación ilícita y robo en poblado y en banda en tres hechos, en calidad de cómplice secundario. Todos los delitos fueron imputados en concurso real, lo que agrava las penas previstas en el Código Penal.
El fiscal Escalante resaltó la gravedad de los hechos, señalando que las actividades delictivas configuraban un entramado con múltiples acciones que afectaron tanto el patrimonio como la seguridad de los damnificados, además de afectar en algunos casos, la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con la investigación, el grupo operaba con una estructura jerárquica clara, encabezada por dos de los tres hermanos, quienes se encargaban de coordinar y dirigir las actividades delictivas. El resto de los miembros tenía funciones específicas dentro de la organización, que operaría de manera constante desde 2023. Los delitos que se les atribuyen incluyen el robo de animales, cables y caños, así como la venta de estos bienes y la obtención de armas de fuego, generando ganancias a partir de la comercialización de los productos sustraídos y otras actividades ilícitas.
Escalante subrayó que la acusación se sustenta en denuncias, escuchas telefónicas y numerosas pruebas que demuestran la coordinación y permanencia de la organización en el tiempo, afectando así la tranquilidad pública y la seguridad de la región.
