Nicolás
Ante la falta de definición sobre la conformación del tribunal que tendrá a su cargo el debate oral, los fiscales penales Daniela Murúa y Daniel Espilocín —integrantes de la Unidad creada por Resolución de Procuración N.° 1523/24— interpusieron formalmente una queja por retardo de justicia ante la Corte de Justicia de Salta, en el marco de la causa que se le sigue al exjuez Claudio Alejandro Parisi y otros implicados por cohecho agravado.
La presentación, dirigida a la presidenta del máximo tribunal provincial, Teresa Ovejero, apunta a destrabar el trámite vinculado con la inhibición de la jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, Norma Palomo, y la consecuente integración del cuerpo que deberá juzgar a Parisi.
El conflicto procesal se arrastra desde el pasado 18 de diciembre de 2025, fecha en la que la jueza Palomo homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a cuatro de los coimputados. Al quedar pendiente la situación de Parisi, la Unidad Fiscal recusó a la magistrada para resguardar la garantía de imparcialidad.
A partir de allí se sucedieron planteos de recusación e inhibición que involucraron a distintos magistrados:
Fueron convocados los jueces de Garantías de Tartagal, Alvarado y Mariscal Astigueta, junto a la jueza Soledad Rodríguez y el juez Martocchia, quienes inicialmente rechazaron la competencia.
En abril de 2026, la Unidad Fiscal advirtió mediante un dictamen que no existía un conflicto real de competencia que debiera elevarse a la Corte, pese a lo cual las actuaciones llegaron al máximo tribunal.
En agosto, la Corte resolvió que la cuestión había sido mal planteada y devolvió el expediente. Si bien posteriormente se aceptó la inhibición de Palomo, la integración definitiva del tribunal sigue inconclusa.
Ante la inacción, los fiscales presentaron pedidos de pronto despacho el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026, los cuales no obtuvieron respuesta alguna, acumulando un retraso injustificado de nueve meses.
Claudio Parisi afronta cargos por cohecho pasivo agravado (dos hechos), incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público en concurso real.
La investigación le atribuye haber otorgado el beneficio de arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias “Oreja” —quien estaba imputado por tentativa de femicidio—, el cual terminó siendo asesinado precisamente en el domicilio donde cumplía dicha medida cautelar.
En los fundamentos de la queja, Murúa y Espilocín advirtieron que esta demora genera un perjuicio institucional gravísimo, al tratarse de un proceso donde se investiga la presunta responsabilidad penal de quien ejercía una magistratura judicial, vulnerando además el derecho de acceso a la justicia y la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
Finalmente, solicitaron a la Corte que haga lugar al reclamo, ordene la integración inmediata del tribunal y se le imprima trámite urgente al expediente para concretar el juicio.
