Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Corte de Justicia de Salta dictó un fallo clave en el marco de la histórica causa por la recuperación ambiental de la capital salteña. El Máximo Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por CoSAySa (Aguas del Norte) y confirmó la resolución impulsada por el fiscal civil Rodrigo Erazo Schmidt, ordenando que la empresa prestadora continúe como parte demandada e imprevista en la ejecución de la sentencia para el saneamiento integral del río Arenales.
La prestataria buscaba desligarse del proceso argumentando que la demanda originaria se dirigía únicamente contra la Provincia y la Municipalidad de Salta, además de sostener que las tareas ya ejecutadas eran "suficientes" y que el alcance de la condena se limitaba a un tramo acotado del río.
Sin embargo, los jueces de la Corte fueron contundentes: remarcaron que la responsabilidad de la empresa surge de la sentencia de fondo dictada en agosto de 2017, la cual la incluyó expresamente por el vertido directo de efluentes cloacales crudos. Asimismo, desestimaron la fragmentación del reclamo al recordar que una cuenca hídrica constituye una unidad ambiental indivisible, por lo que su tratamiento no puede abordarse por tramos aislados.
La incorporación formal de CoSAySa a la etapa de ejecución fue solicitada en abril de 2023 por Erazo Schmidt, en consonancia con la creación de la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales, conformada por decisión del procurador general Pedro García Castiella.
Esa resolución marcó un precedente técnico al abordar por primera vez la problemática bajo la perspectiva de cuenca hídrica ambiental, alineada con parámetros internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.
La Unidad Fiscal —integrada por Erazo Schmidt en el fuero civil y constitucional, junto al fiscal penal Federico Jovanovics en el área contravencional y penal, apoyados por peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF)— acopió evidencia científica sobre los vuelcos ilegales, derivando en investigaciones paralelas sobre la contaminación hídrica.
El proceso de ejecución judicial se reactivó a principios de 2023 tras más de cinco años de mora en el cumplimiento de los tres pilares fijados en 2017: el Plan de Manejo del Río Arenales, el Plan Sanitario de Emergencia y el Plan de Monitoreo.
Aunque las partes presentaron informes sobre obras, la jueza María Victoria Mosmann —con posterior aval de la Corte— determinó que las acciones eran parches aislados y no una planificación integral con cronogramas, presupuestos ni indicadores claros. Cabe destacar que tanto la Provincia como el Municipio acataron el fallo inicial y comenzaron las tareas de recuperación, siendo CoSAySa la única entidad que apeló para eludir su responsabilidad.
Ante la persistencia de los vertidos cloacales sin tratamiento, en diciembre de 2023 la Justicia le exigió a CoSAySa un Plan de Contingencia Urgente. Ante el desacato continuo, se le impusieron sanciones conminatorias (astreintes) de $500.000 diarios al presidente de la empresa, cuyos fondos por disposición judicial serán destinados íntegramente a financiar las obras de saneamiento que beneficien a los vecinos afectados.
