Nicolás
FRENTE A FRENTE.-A casi una década del histórico amparo ambiental promovido por vecinos de la capital, la Corte de Justicia de Salta asestó un duro revés judicial a la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa - Aguas del Norte). Con la firma digital de sus nueve integrantes, el máximo tribunal provincial rechazó el recurso de apelación de la prestataria y confirmó que debe avanzar sin más dilaciones en el cumplimiento efectivo de la sentencia de saneamiento del río Arenales.
La causa, que se remonta a una acción de amparo colectivo iniciada por la degradación del cauce, cuenta con un fallo firme dictado en agosto de 2017. En aquel momento, la Justicia impuso a la Provincia, a la Municipalidad de Salta y a CoSAySa la elaboración y ejecución coordinada de tres ejes fundamentales: un Plan de Manejo del río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia y un Plan de Monitoreo.
Frente al pedido de ejecución promovido por los amparistas ante la inacción estatal, CoSAySa había argumentado que la sentencia ya se encontraba en marcha a través del trabajo de la Mesa Núcleo del río Arenales y diversas obras realizadas en el último tiempo.
Sin embargo, el tribunal desestimó de plano esos justificativos, señalando que los informes presentados solo reflejan medidas aisladas que no constituyen una planificación integral, sistémica y coordinada como la exigida por la ley.
El fallo remarcó que los planes deben contener diagnósticos reales, metas verificables, presupuestos asignados y cronogramas concretos. Asimismo, la Corte advirtió que durante estos años de demora se siguieron detectando graves riesgos sanitarios en la cuenca, incluyendo microbasurales, obstrucciones del cauce y el continuo vuelco de líquidos cloacales sin el tratamiento adecuado.
En su apelación, la empresa prestataria pretendió desmarcarse de la etapa de ejecución alegando dificultades técnicas, económicas y cuestionando su permanencia entre los obligados. La Corte rechazó de forma categórica el planteo, recordando que la responsabilidad de la firma deviene de la sentencia original de 2017 debido a su vinculación directa con el vertido de efluentes crudos al curso de agua.
Al respecto, los jueces enfatizaron que los problemas presupuestarios —los cuales no fueron acreditados en la causa— no excusan el incumplimiento de una condena firme. Además, aclararon que el saneamiento no exige de inmediato megaconstrucciones de infraestructura, sino la puesta en marcha de etapas progresivas, herramientas de contingencia y planificación real.
Con las costas a cargo de la empresa vencida, la Justicia salteña volvió a ratificar que la cuenca del Arenales es una unidad ambiental indivisible y que la falta de resultados concretos tras años de tramitación exige una respuesta urgente para proteger la salud de las poblaciones ribereñas.
