Debora
La investigación judicial por una presunta red de “acomodos” dentro de la Policía de Salta suma nuevos elementos y podría ampliar considerablemente el número de personas involucradas. Al menos tres efectivos habrían manifestado que entregaron importantes sumas de dinero con la expectativa de obtener determinados beneficios dentro de la fuerza.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, los supuestos pagos habrían tenido como finalidad conseguir cambios de destino, traslados, licencias, puntajes u otros movimientos considerados favorables para los uniformados. En algunos de los casos analizados, las cifras mencionadas alcanzarían los $2,5 millones, aunque los investigadores no descartan que el monto total involucrado sea todavía mayor.
La causa se inició a partir de la sospecha sobre el funcionamiento de un mecanismo mediante el cual se habría ofrecido gestionar beneficios dentro de la institución a cambio de dinero. En el expediente aparece señalada una integrante de la Policía, quien ya fue suspendida mientras avanza la investigación.
Uno de los principales elementos que analiza la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Alejandro Escalante, son los mensajes y conversaciones extraídos de teléfonos vinculados con la causa.
En esos intercambios, la mujer identificada como “Sonia” habría mencionado a funcionarios y efectivos policiales de diferentes rangos y asegurado que contaba con contactos que supuestamente podían facilitar determinados movimientos dentro de la fuerza.
Pero el contenido de las conversaciones no se limitaría a referencias generales. Según lo que surge de los mensajes analizados, la mujer también habría mencionado a distintos policías a los que supuestamente podía “ayudar” mediante sus contactos.
Ahora, la Justicia intenta establecer hasta dónde llegaban realmente esas presuntas conexiones y si existía una estructura capaz de concretar las gestiones que se ofrecían.
Una de las principales hipótesis que busca determinar la investigación es si “Sonia” efectivamente tenía acceso a funcionarios y policías con capacidad para intervenir en decisiones internas o si, por el contrario, habría utilizado esas supuestas influencias como una estrategia para generar confianza y conseguir que otros efectivos le entregaran dinero.
La aparición de nuevos testimonios y el análisis de las comunicaciones podrían ser determinantes para establecer si se trató de casos aislados o si detrás de los presuntos pagos existía un mecanismo más amplio dentro de la institución policial.
