Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Lo que comenzó como una denuncia puntual por el presunto intento de estafa sobre el cambio de destino de una uniformada escaló hasta convertirse en un severo sacudón institucional para la Policía de la Provincia de Salta. Una investigación judicial y administrativa salpica de lleno a una mujer policía de menor rango con prestación de servicios en la comisaría de San Jorge (Rosario de Lerma) y a su pareja, un mecánico afincado en la localidad de La Merced, señalados por operar un presunto mercado clandestino de beneficios internos dentro de la fuerza.
En las últimas horas, la causa sumó un hito administrativo clave: la Dirección General de Asuntos Internos dispuso el retiro del arma reglamentaria a la agente imputada. La efectiva ya se encontraba bajo licencia médica desde hacía semanas, mientras la fiscalía avanzaba sobre las actuaciones iniciadas a partir del testimonio de una compañera de fuerza, quien reviste el doble carácter de víctima y querellante en la causa.
Del ofrecimiento al "acomodo" concretado
Las derivaciones del caso tomaron un volumen mucho mayor al esperado. De acuerdo con información recabada por El Tribuno y fuentes periodísticas del Valle de Lerma, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma —a cargo del fiscal Daniel Alejandro Escalante— detectó que no se trataba de un hecho aislado. En el expediente ya figuran más de tres casos documentados, donde no solo se habrían ofrecido traslados o cambios de destino, sino también el acceso facilitado a licencias, cursos de capacitación e inclusive ascensos.
El punto de mayor gravedad institucional radica en que las pesquisas indican que varias de estas maniobras no quedaron en meras promesas o tentativas de estafa, sino que algunos "acomodos" habrían llegado a concretarse efectivamente previo pago de sumas de dinero.
Por este motivo, las actuaciones ya no se focalizan en un delito individual entre privados, sino en la sospecha de una estructura opaca que roza los engranajes del poder institucional y administrativo de la fuerza de seguridad.
Teléfonos secuestrados y doble frente investigativo
A principios de septiembre, personal policial concretó una serie de allanamientos en inmuebles ubicados en Rosario de Lerma y La Merced. En esos procedimientos se logró el secuestro de tres teléfonos celulares que pertenecían a la agente y al mecánico imputado, considerado su "allegado íntimo" y presunto partícipe de las negociaciones.
Actualmente, los dispositivos están siendo peritados por los gabinetes técnicos del Ministerio Público Fiscal. El análisis de las conversaciones, transferencias bancarias o registros de llamadas resulta determinante para reconstruir el entramado completo, identificar qué otros efectivos policiales habrían pagado por servicios o favores, y deslindar las responsabilidades penales de cada involucrado.
Mientras la Fiscalía avanza con el expediente penal para tipificar los delitos de exacciones ilegales, tráfico de influencias o estafas, Asuntos Internos instruye el sumario administrativo que podría derivar en la exoneración de la acusada y en sanciones disciplinarias para aquellos efectivos que hayan abonado para acceder a los beneficios irregulares.
