Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Una causa judicial destapó un presunto esquema de corrupción y engaños dentro de la Policía de la Provincia de Salta. El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputará provisionalmente a una agente policial y a un hombre como presuntos coautores de los delitos de estafa y extorsión, tras ser acusados de engañar a una colega para sacarle dinero a cambio de tramitarle un traslado de dependencia.
La causa se inició a partir de la denuncia de la víctima, también integrante de la fuerza de seguridad, quien se encontraba disconforme con su lugar de revista y pretendía ser derivada al Departamento Bicipolicías. Según su testimonio, una compañera de trabajo le facilitó el contacto de una supuesta mujer llamada "Sonia", presentándola como un nexo directo con la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía.
Promesas, pagos y extorsión continua
De acuerdo a las actuaciones, la supuesta intermediaria le exigió inicialmente $700.000 para concretar el traslado. Como la damnificada no contaba con el monto total, acordó abonarlo en dos partes: una primera transferencia de $200.000 y otra posterior de $500.000, ambas destinadas a una cuenta bancaria a nombre del hombre imputado.
Pasado el tiempo y al ver que la notificación oficial de su cambio de destino no llegaba, la víctima decidió cancelar el supuesto trámite. Fue en ese momento cuando la presunta "Sonia" comenzó a extorsionarla, exigiéndole $250.000 adicionales bajo el pretexto de "cancelar el expediente". La denunciante realizó dos nuevos giros de $100.000, pero las presiones continuaron: le advirtieron que la deuda seguiría subiendo e incluso llegaron a reclamarle la entrega del 35% de su sueldo mensual.
Rastreo bancario y allanamientos
La investigación encabezada por el fiscal Escalante incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, comprobantes de transferencias e información bancaria. Los informes revelaron que el dinero girado a la cuenta del hombre involucrado luego era derivado a una cuenta bancaria perteneciente a la propia agente investigada. Además, los peritajes digitales indicaron que la supuesta "Sonia" nunca existió como contacto externo, sino que la línea telefónica era operada por la misma compañera de la víctima.
Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de ambos sospechosos, el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, documentación bancaria y la inmediata detención de la pareja.
Mientras la Fiscalía no descarta la participación de otros implicados en la maniobra, se dio intervención formal a la Jefatura de Policía para el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes y el pase a disponibilidad de la acusada.
