Nicolás
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó de forma provisional al exintendente de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, imputándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos), todos en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, el exjefe comunal —asistido por su abogado defensor— decidió abstenerse de declarar y de responder a los requerimientos de la Fiscalía.
La causa se originó a partir de una serie de denuncias radicadas entre 2023 y 2024 que apuntan a severas anomalías en la administración de las arcas municipales durante su mandato:
La primera denuncia fue presentada en mayo de 2023 por un concejal sancarleño. Según el expediente, en julio de 2021 Vargas adquirió a nombre de la Municipalidad un terreno de tres hectáreas por $15 millones (matrícula 2608) sin contar con la autorización del Concejo Deliberante. La documentación oficial del caso fue girada al cuerpo deliberativo recién dos años después.
Del análisis técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se desprende que:
Por la venta de los parcelamientos ingresaron $16.883.100.
$15 millones se destinaron a saldar la compra del inmueble, pero no existen registros del destino de los $1.883.100 restantes.
Las ventas de lotes se realizaron sin legajos individuales de adjudicatarios ni actos administrativos de selección.
Asimismo, se le imputaron dos hechos de falsedad ideológica. Pese a que en dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se aseguraba que el predio contaba con aprobación de impacto ambiental, servicios de luz, agua, cloacas y planos aprobados, una inspección ocular constató que el terreno estaba vacío, con delimitaciones precarias de madera y sin red de servicios básicos. EDESA y COPAIPA confirmaron que no existían proyectos aprobados ni vigentes para dicho loteo.
A fines de 2023 se sumó una segunda denuncia por el destino de $9.482.369,75 en aportes no reintegrables enviados por Nación mediante el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL) para beneficio de agricultores del paraje San Rafael. Los peritos del CIF no hallaron órdenes de pago ni comprobantes que justifiquen el uso del dinero, mientras que el organismo nacional ratificó que nunca se rindieron cuentas.
Posteriormente, en marzo de 2024, la actual intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, denunció el faltante absoluto de los fondos de Tesorería y de las cuentas para las obras del loteo al momento de asumir el cargo.
Por último, el estudio sobre la documentación bancaria determinó la maniobra más abultada: en 18 oportunidades, el exintendente emitió cheques de pago diferido y retiró un total de $64.449.000 en efectivo de una cuenta corriente municipal en sucursales del Banco Macro. En todos los cobros figuraba como beneficiaria la propia Municipalidad, pero en el municipio no existe ningún tipo de documentación respaldatoria sobre el destino de esos fondos.
