Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La votación, concretada a la 1:25 de la madrugada de este viernes 7 de agosto, requería una mayoría estricta de 36 votos. Finalmente, la iniciativa impulsada por el oficialismo y bloques aliados se impuso por una ajustada diferencia: 37 votos afirmativos, 33 negativos y cero abstenciones.
Desalojos exprés: Modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de inmuebles tomados o usurpados. Agrega un proceso sumarísimo para lograr desocupaciones rápidas.
Límites a las expropiaciones estatales: Endurece los requisitos normativos para que el Estado declare un bien de "utilidad pública". Además, establece que las indemnizaciones a los propietarios expropiados deban calcularse obligatoriamente bajo el valor de mercado e incluyan el lucro cesante.
Regularización dominial (Escrituras): Reemplaza el límite temporal fijo anterior para escriturar viviendas precarias o informales por un requisito móvil de 10 años de posesión continua y pacífica.
Modernización institutional: Agrega pautas para la digitalización total e interoperabilidad federal de los Registros de la Propiedad Inmueble del país.
Alquileres: Habilita formalmente el uso de la intimación de pago por domicilio electrónico (e-mail) especificado en el contrato antes de iniciar un desalojo por falta de pago.
Ante la falta de consensos y tras la negativa anticipada de legisladores aliados —entre ellas la senadora salteña Flavia Royón—, el oficialismo debió retirar por completo dos puntos neurálgicos:
Ley de Tierras: Se dio marcha atrás con el capítulo que eliminaba los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Ley de Manejo del Fuego: Se retiraron las modificaciones propuestas sobre la restricción de cambio de uso de suelo en superficies incendiadas.
La valoración sobre el impacto del proyecto divide aguas entre los distintos bloques políticos y sectores sociales:
Propietarios y locadores: Se ven beneficiados al contar con mecanismos judiciales mucho más ágiles para recuperar sus propiedades frente a ocupaciones ilegítimas o incumplimientos contractuales graves.
El mercado inmobiliario y de la construcción: Argumentan que las mayores garantías de inviolabilidad y la menor intervención del Estado generarán previsibilidad jurídica, atrayendo inversiones privadas.
Ciudadanos en procesos de escrituración: Aquellos que posean de manera pacífica un inmueble hace más de una década dispondrán de una vía permanente para regularizar sus títulos de propiedad sin depender de leyes de emergencia temporales.
Grandes terratenientes y desarrolladores: Críticos de la norma señalan que la flexibilización general y el encarecimiento de los procesos expropiatorios favorecen la concentración de la tierra en pocas manos.
Perjuicio a inquilinos y sectores vulnerables: Organizaciones sociales y de izquierda denuncian que la celeridad en los desalojos desprotege el derecho al acceso a la vivienda, afectando a familias vulnerables asentadas en barrios populares o a inquilinos con dificultades económicas coyunturales.
