Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero en Campo Quijano, sumó un capítulo institucional de enorme gravedad. La Unidad Fiscal Especializada —integrada por la fiscal de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, y la Fiscalía de Derechos Humanos— citó a audiencia de imputación a diez miembros de la Policía de la Provincia de Salta por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus deberes y falsificación de documentos públicos.
Según la investigación judicial, Natalia contaba con una orden emitida por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2ª Nominación que disponía una consigna policial fija en su domicilio, dada la reiteración de episodios de violencia por parte de su expareja. Sin embargo, la custodia nunca se ejecutó.
Lo más grave se detectó en las actuaciones posteriores: para intentar encubrir la negligencia, el personal policial habría confeccionado e incorporado un informe con datos presuntamente falsos, asentando un supuestos intentos de implantar la consigna que jamás ocurrieron.
Responsabilidades en la Comisaría 7.ª
La investigación no solo apunta a la omisión en el caso de Natalia, sino que destapó deficiencias sistemáticas en la Comisaría N.º 7 de Campo Quijano durante enero y febrero de este año, vinculadas a la falta de control y registro de medidas de protección judicial en causas de violencia de género.
Entre los diez imputados se encuentran:
- El Comisario (Jefe de la dependencia) y el Jefe de Guardia: Imputados como autores de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al jefe se lo acusa de promover la confección del informe falso y omitir las garantías de custodia; al segundo, de haber ordenado la elaboración de dicho documento y no supervisar la medida judicial.
- Un suboficial y un oficial: Imputados por falsedad ideológica. Se los señala como los redactores y firmantes del informe fraguado que simulaba el cumplimiento de la orden.
- Cinco efectivos (cuatro mujeres y un hombre): Imputados como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir la efectivización de la consigna o no informar formalmente a la Justicia sobre la imposibilidad de cumplirla.
Las fiscales del caso remarcaron que el análisis de documentación y los testimonios recabados permitieron reconstruir una trama de incumplimiento de protocolos e irregularidades estructurales. La causa deja al descubierto fallas críticas en los mecanismos del Estado destinados a proteger a las víctimas de violencia machista.
