Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto de ley que enciende el debate entre el derecho a la intimidad y la libertad de información. La iniciativa busca prohibir de forma tajante que policías y agentes de la administración pública divulguen fotografías, videos o audios obtenidos durante procedimientos, investigaciones o intervenciones oficiales, a menos que cuenten con una autorización judicial expresa.
El proyecto, que ahora pasa al Senado provincial para su debate definitivo, establece severas regulaciones sobre el material audiovisual de los operativos. Según argumentó la diputada Laura Cartuccia, una de las impulsoras de la medida, el objetivo principal es evitar daños irreparables a las personas involucradas y proteger la integridad de las investigaciones en curso.
"Muchas veces las imágenes se viralizan antes de que exista una resolución judicial, afectando la intimidad, la reputación y la presunción de inocencia de quienes aparecen en ellas", explicó la legisladora.
Si bien el espíritu de la norma apela a una causa noble —como lo es la protección de la identidad de las víctimas y el principio constitucional de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario—, la medida genera una inevitable preocupación en torno a la transparencia pública y el riesgo de censura indirecta.
Al centralizar el flujo informativo exclusivamente bajo el filtro del visto bueno judicial, se corre el riesgo de burocratizar el acceso a los hechos y, en el peor de los casos, de ocultar el accionar de las fuerzas de seguridad. La difusión inmediata de imágenes ha sido, históricamente, una herramienta clave para denunciar abusos de poder, malas praxis policiales o desidias del Estado. Restringir este material al ámbito cerrado de los tribunales podría transformarse en una cortina de humo que impida el escrutinio público de los actos de gobierno.
En este escenario, el rol del periodismo se vuelve más crucial que nunca. Los medios de comunicación profesionales no son meros difusores de imágenes; actúan como el puente necesario entre el hecho crudo y la sociedad, contextualizando la información bajo estrictos criterios éticos y legales.
El verdadero peligro no radica en la información en sí, sino en la ausencia de canales oficiales claros que den lugar al nacimiento de rumores y noticias falsas (fake news).
Cuando el Estado cierra los canales de acceso a la información visual verídica de un caso de alto impacto, se genera un vacío que suele ser llenado de inmediato por la especulación, el clickbait y las teorías conspirativas en redes sociales. El periodismo es responsable y necesita acceder a las fuentes para contrastar los hechos y construir un relato verídico, aunque en la nueva era de la posverdad, parece ser cada vez más difícil.
