Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El manejo de los fondos públicos en el norte provincial volvió a encender las alarmas políticas. El Concejo Deliberante de Tartagal aprobó por unanimidad un pedido de informes impulsado para que la gestión del intendente Franco Hernández Berni rinda cuentas detalladas sobre los millonarios fondos destinados a las celebraciones por el reciente aniversario de la ciudad, llevado a cabo en torno al pasado 13 de junio.
La iniciativa legislativa exige que el Ejecutivo municipal ponga a disposición de los concejales y de la comunidad el balance final de las actividades: cuánto dinero público se invirtió en la cartelera, logística y organización, y cuáles fueron los ingresos reales que generó un evento de semejante magnitud para las arcas de la ciudad.
El concejal Sergio Jure, autor del proyecto, aclaró que la lupa no está puesta únicamente en la noche del festival principal, sino en el entramado de actividades que se desarrollaron a lo largo de varias jornadas. Asimismo, recordó con malestar que ya existían solicitudes previas sobre el presupuesto asignado para estas fiestas patronales que jamás recibieron una respuesta oficial por parte de la intendencia.
Desde el cuerpo legislativo señalaron que la falta de respuestas por parte de la administración de Hernández Berni no es un hecho aislado vinculado a los festejos. De acuerdo con las declaraciones de Jure, las dudas sobre la transparencia institucional en Tartagal vienen de larga data.
"Queremos saber cuáles fueron los gastos y también los ingresos. El Ejecutivo debe brindar la información porque es su obligación", sentenció el edil, remarcando que el año pasado ya se habían presentado iniciativas similares que terminaron archivadas de facto por el silencio comunal.
El concejal adelantó que los pedidos de informes no se detendrán en el festival: actualmente el cuerpo legislativo se encuentra diseñando un requerimiento masivo para conocer la totalidad de los contratos vigentes y las designaciones de personal dentro de la Municipalidad, buscando ir más allá de los casos puntuales que tomaron estado público en los últimos meses.
Frente a las posibles lecturas políticas en un contexto de alta sensibilidad en el norte de Salta, los ediles salieron a aclarar que la medida responde estrictamente a las facultades constitucionales que posee la legislatura local.
Jure remarcó que la función del Concejo Deliberante es ejercer el control institucional sobre la administración del municipio y aseguró que transparentar los números no constituye una persecución política, sino la aplicación de una herramienta legal para cuidar los recursos de los tartagalenses. Tras la aprobación unánime, la presión política se traslada ahora al despacho de Hernández Berni, de quien se espera una respuesta formal que rompa el hermetismo de su gestión.
