Nicolás
FRENTE AFRENTE.-El devastador incendio que mantiene en vilo a los Valles Calchaquíes se trasladó formalmente a los escritorios de los tribunales. La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, encabezó este martes una inspección ocular clave en la matrícula catastral N° 6524 —propiedad de la firma Finca El Monte S.A.— con el objetivo de supervisar las tareas de contención y avanzar en la recolección de pruebas para determinar si el fuego fue producto de la naturaleza, un descuido humano o una acción criminal intencional.
El recorrido, realizado junto a la intendenta local, Rita Valeria Guevara, y las autoridades de Defensa Civil, dejó en evidencia la magnitud de un desastre ambiental que ya se cobró de forma preliminar más de 200 hectáreas de bosque nativo. El operativo, desplegado a los costados de la ruta nacional 68, busca denodadamente evitar que las llamas alcancen las áreas urbanizadas.
De acuerdo con los informes de los brigadistas de la Brigada Nacional Centro, bomberos y Defensa Civil, el siniestro presenta características inusuales que complejizan su extinción total. Personal experimentado en este tipo de catástrofes advirtió a la fiscal que nunca antes habían observado un incendio que requiriera semejante volumen de agua.
El motivo radica en que el fuego persiste de manera subterránea: corre por debajo de las cenizas, la arena y los sistemas radiculares de los árboles (los llamados "puntos calientes"). Esta condición obliga a mantener un monitoreo constante con drones y equipos térmicos para evitar reactivaciones repentinas cuando sopla el viento. En paralelo, dos aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego aguardan condiciones meteorológicas aptas para operar en las zonas más críticas.
Uno de los puntos que mayor suspicacia despertó en la comunidad es el destino final de las tierras afectadas, habitualmente codiciadas para desarrollos urbanísticos. Al ser consultada sobre este eje, la fiscal Rojas buscó mantener la neutralidad procesal y aclaró que, por el momento, la causa no se dirige contra ningún proyecto inmobiliario en particular.
“No hay una determinación que indique que esto sea a causa de un proyecto inmobiliario. Solamente lo que el contexto de la denuncia habla es la determinación de personas causantes de este hecho”, precisó la funcionaria.
Sin embargo, Rojas introdujo un dato legal insoslayable que opera como fuerte desincentivo para la especulación de la tierra: las normativas nacionales de manejo del fuego establecen duras limitaciones y prohibiciones de entre 30 y 60 años para la realización de emprendimientos inmobiliarios en zonas que hayan sufrido incendios de gran magnitud, una medida diseñada para garantizar la regeneración del ecosistema.
La causa avanza bajo las figuras de daño ambiental e incendio (delito de estrago). El Código Penal argentino prevé severas sanciones para quienes alteren deliberadamente el entorno:
Incendio doloso (intencional): Contempla penas que van de los 3 a los 10 años de prisión, escala que puede agravarse sustancialmente si se demuestra que existió un "peligro común" para la vida o los bienes de la población.
Incendio culposo (negligencia o imprudencia): Implica penas menores, que oscilan entre un mes y un año de reclusión.
Hasta la fecha, la causa —calificada como de alta complejidad por las condiciones del terreno— no cuenta con titulares registrales de la finca constituidos como parte querellante, aunque ya se iniciaron los cruces de información con antecedentes de tierras y la toma de testimonios a personas vinculadas al predio. La Justicia busca determinar quiénes encendieron la mecha de un desastre cuyas consecuencias biológicas en la flora y fauna locales son aún incalculables.
