Increíble: le dieron prisión domiciliaria a los jefes del Servicio Penitenciario acusados de dar beneficios a los presos por dinero

Los siete funcionarios y los otros involucrados en la causa fueron enviados a sus domicilios con medidas sustitutivas por el juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino. El Ministerio Público Fiscal se opuso y solicitó la prisión preventiva en reiteradas oportunidades durante la audiencia "multipropósito".

El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó ayer al mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los detenidos en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Pese al pedido de la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, para que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, el juez Rodríguez Pipinio otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados. Sobre uno de los detenidos aún no falló y sobre el hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1 ordenó que continué detenido.

Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardiacárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria 1. También se secuestraron "facas", celulares y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron en la necesidad de que los involucrados permanezcan detenidos para poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa y el libre testimonio de los testigos, por el riesgo de presionar a estos últimos. Fundamentaron además su pedido en la contundencia de las pruebas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos efectuados, en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debían pagar para acceder a beneficios.

El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación.

Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada ayer por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones.

"La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del plan piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu), dijeron.

Denuncian improlijidades en el plan piloto de oralidad

"La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del plan piloto de oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías, que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades. En este caso, y fruto del desorden, a mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores", advirtió Salinas Odorisio. Luego señaló: "Ante la escasez de argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos".

"Este razonamiento se aleja totalmente de los hechos y del derecho que se debe aplicar, ya que todo se pudo comprobar de manera exhaustiva. Además faltan realizar medidas en donde hemos comprobado que existen testigos que están condicionados y que piden declarar con identidad reservada. Obviamente la libertad de los imputados las condiciona", dijo Salinas

El procurador Pedro García Castiella ingresa a la cancha

Por otra parte, y ante la gravedad de los hechos investigados, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso acudir a la figura contemplada en el artículo 32 de la ley  7.328, que permite al procurador general dentro de sus facultades "intervenir en forma conjunta con los fiscales en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique", para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la unidad fiscal, pasando a integrar formalmente la misma.

"Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario", agregó el procurador general Pedro García Castiella ayer, después de conocida la decisión del juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino.

Otra vez, en pocos meses,  los criterios del Ministerio Público chocan con las decisiones de un juez de Garantías.