Nicolás
FRENTE A FRENTE.-En las últimas horas, se conoció el desesperante pedido de auxilio de una madre salteña que, acorralada por la impunidad y el desvalijamiento constante de su hogar, tuvo que tomar la decisión más dolorosa para cualquier progenitora: denunciar a su propio hijo por robo.
El relato, cargado de angustia e impotencia, expone no solo el calvario que vive puertas adentro de su casa, sino también las serias fallas de un sistema judicial que parece atado de manos frente a pruebas que resultan contundentes a primera vista.
La situación de la mujer llegó a un límite insostenible. Según detalló, su propio hijo se ha convertido en el responsable de vaciar de forma sistemática la vivienda familiar, ensañándose especialmente con el fruto del esfuerzo de sus padres.
“No entiendo a la justicia. Le mostré videos de las cámaras de mi garaje donde él me roba la amoladora, herramientas del taller de su propio padre, y forcejea mi domicilio robándose muebles”, relató la damnificada en un testimonio que refleja desesperación pura.
Lejos de tratarse de hurtos menores o sospechas difusas, la mujer se tomó el trabajo de registrar los hechos. Presentó ante las autoridades grabaciones de seguridad donde se observa al joven cometer los ilícitos de manera flagrante. Sin embargo, la respuesta del aparato judicial no hizo más que agudizar su calvario.
El nudo más indignante de la denuncia radica en la inacción de los fiscales y jueces de garantías intervinientes. A pesar de haber aportado material fílmico donde, según la denunciante, se identifica claramente al acusado sustrayendo más de 20 elementos de valor —incluyendo maquinaria de trabajo pesado del taller de su padre—, la justicia determinó la liberación del implicado.
“La justicia lo libera por falta de pruebas. ¿Qué más pruebas quieren tener cuando están las cámaras que presenté donde sale él robando?”, se preguntó la madre entre lágrimas, exponiendo el laberinto burocrático que revictimiza a quienes se animan a denunciar.
Este caso toca una fibra delicada que se repite en diversos barrios de Salta, muchas veces vinculada a problemáticas complejas de adicciones o marginalidad que destruyen los lazos familiares. La odisea de esta vecina evidencia que el desamparo no proviene únicamente del delincuente que traspasa la reja, sino de un Estado que, ante la flagrancia y el pedido de auxilio de una madre que dice "ya no sé qué hacer", decide mirar para otro lado amparado en tecnicismos legales.
Por estas horas, la comunidad y el entorno de la víctima exigen que se revisen las actuaciones judiciales antes de que el desvalijamiento total de la vivienda pase a mayores o termine en una tragedia peor.
