Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el miércoles inclusive, responde a un enérgico reclamo por la actualización de los aranceles que perciben por consulta, los cuales consideran insuficientes frente al contexto económico actual.
Bajo las consignas "Honorarios justos = atención de calidad" y "Defendamos la salud de nuestros adultos mayores", los profesionales advierten que el desfasaje en los valores pone en serio riesgo la continuidad de las prestaciones básicas y el sostenimiento de los consultorios privados.
En la provincia de Salta, la huelga resentirá de manera directa la atención programada de miles de jubilados y pensionados. El médico de cabecera local, Alejandro Ciotta, confirmó que los profesionales de la región se plegaron orgánicamente a la medida de fuerza nacional.
"Los colegas aquí se adhieren al paro nacional, y el día miércoles realizaremos una manifestación", anticipó Ciotta.
Se estima que la medida de fuerza alcanzará a aproximadamente 100 médicos en todo el territorio salteño. Durante estos tres días, la atención médica estará fuertemente reducida, por lo que las autoridades y prestadores recomiendan a los afiliados verificar sus turnos previamente antes de asistir a los centros de salud.
El malestar de los prestadores no es un hecho aislado y se replica con fuerza en distintas provincias del país. En Córdoba, por ejemplo, la Asociación de Médicos de Cabecera (AMECOR) emitió un duro comunicado cuestionando los últimos incrementos de la obra social.
Según denunciaron, PAMI elevó la cápita mensual por paciente de $2.100 a $2.400, una cifra que los profesionales calificaron como "irrisoria" para cubrir los costos operativos mínimos de un consultorio moderno y garantizar una cobertura médica digna.
Hasta el momento, las agrupaciones médicas y odontológicas se mantienen en estado de alerta a la espera de una convocatoria oficial por parte de las autoridades de PAMI que permita destrabar el conflicto y normalizar el servicio para el sector más vulnerable de la población.
