



FRENTE A FRENTE.-Lo que comenzó como inscripciones aisladas en pupitres y paredes de baños se ha transformado en una crisis de seguridad que mantiene en vilo a la comunidad educativa salteña. Las amenazas de ataques armados en establecimientos escolares, con mensajes como "Mañana tiroteo, no vengan", han dejado de ser tomadas como "travesuras" para convertirse en el centro de una investigación judicial y protocolos de emergencia.
El foco de mayor tensión se sitúa hoy en el ex Colegio Nacional (5080), donde una nota con la leyenda "les va a caber el tiroteo" desató el pánico. Ante la gravedad, las autoridades evalúan una medida drástica y polémica: autorizar a la Policía de la Provincia a realizar requisas de mochilas y pertenencias de los estudiantes al ingresar al establecimiento.
El fenómeno detrás de la pantalla
Más allá de la amenaza puntual, un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, arroja luz sobre la raíz del problema. Según el organismo, existe un crecimiento de la denominada "True Crime Community" en redes sociales, donde jóvenes consumen y glorifican ataques violentos.
El informe advierte sobre el "efecto copycat" (imitación): el reciente y trágico crimen en San Cristóbal, Santa Fe —donde un menor mató a un compañero dentro del aula— habría funcionado como un catalizador para que otros adolescentes repliquen las amenazas en busca de notoriedad o para canalizar conductas de aislamiento.
Perfiles de riesgo y prevención
Especialistas señalan que los jóvenes involucrados suelen compartir un patrón: consumo intensivo de contenido violento, necesidad de impacto social y falta de integración. Aunque la mayoría de las amenazas no derivan en ataques reales, el costo operativo y emocional es altísimo: movilización de fuerzas de seguridad, ausentismo escolar masivo y cuadros de ansiedad en padres y alumnos.
"No es un juego; estas acciones activan protocolos penales y generan un daño social profundo", advirtieron fuentes oficiales, reforzando el llamado a las familias para supervisar la actividad digital de los menores.


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