FRENTE A FRENTE.-Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) han escalado el conflicto institucional al elevar una nota formal al Consejo de Investigaciones (CIUNSa), exigiendo transparencia y explicaciones sobre una serie de resoluciones que, según advierten, amenazan la autonomía académica y el desarrollo de la investigación.
La misiva, dirigida al presidente del CIUNSa, Jorge Fernando Yazlle, y al Consejo Directivo, destapa un complejo escenario de descontento que suma denuncias gremiales y académicas, poniendo en tela de juicio la actual conducción de la casa de altos estudios.
Freno al Plan Estratégico
Una de las principales quejas se centra en la aparente paralización del Plan Estratégico de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I). A pesar de que la Resolución 063/2025 CCI prometía talleres participativos desde julio, los investigadores afirman que no han sido convocados.
La preocupación es que la participación se limite a una mera instancia de validación de un documento ya elaborado, contraviniendo el espíritu de un proceso abierto de diagnóstico y diseño.
“La participación implica intervenir en las distintas fases, y no limitarse a la aprobación de un documento ya elaborado”, señalaron los docentes, quienes advierten que este tipo de planificación busca “direccionar, aglutinar y dirigir” los proyectos de investigación, lo que “socava la libre expresión y la libertad de cátedra”.
La Resolución 101/2025 CCI, que convoca a la conformación de Grupos de Trabajo (GT) para fomentar la cooperación interdisciplinaria, también genera fuertes dudas. Los investigadores cuestionan el alcance del aval institucional (si es del CIUNSa o del Consejo Superior) y temen que los beneficios ofrecidos excluyan a grupos de investigación ya consolidados que no se adhieran formalmente a la nueva estructura.
El interrogante es directo: “¿No acceder a lo que ya poseemos legalmente o de hecho nos condiciona como sujetos activos en la investigación?”. Además, alertan que no todas las disciplinas requieren la inter o transdisciplinariedad para su desarrollo, y que la nueva normativa podría subordinar institutos y laboratorios ya constituidos democráticamente sin un debate previo.
Demoras en subsidios y un escándalo de becas
A la tensión institucional se suman las demoras en el pago de subsidios de investigación del período 2025. Pese a haber cumplido con las rendiciones de cuentas y los requisitos bancarios, varios proyectos siguen sin recibir los fondos, solicitándose explicaciones claras sobre los criterios de distribución y las causas de la retención.
Este panorama se agrava con denuncias gremiales sobre un recorte presupuestario del 23% aprobado sin debate y el congelamiento de la planta docente, que pone en riesgo la continuidad de docentes interinos.
En medio de este clima de austeridad, la indignación se disparó al conocerse que el decano de Ciencias Económicas y Jurídicas otorgó una beca que exime al rector Miguel Nina del 50% de la matrícula de un doctorado.
“Es un disparate (…), va en contramano de la política de austeridad y de ajuste que viene promoviendo la actual conducción”, criticaron docentes y científicos, señalando la disparidad entre los recortes al personal y el beneficio otorgado al rector “con sueldos millonarios”.
Finalmente, la UNSa fue criticada por no adherir al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
¿Problemas con Google Académico?
Otro punto de quiebre es la reciente resolución del CIUNSa que obliga a investigadores a crear o actualizar sus perfiles en Google Académico.
La medida ha sido calificada como una posible violación a la Constitución Nacional (Art. 19 y 43) y a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
“Nuestro empleador nos está pidiendo que transfiramos nuestros datos personales a una plataforma sin nuestro consentimiento previo, libre y expreso”, explicó un docente, argumentando que una institución pública no puede imponer esto como requisito laboral.
Los investigadores interpretan este accionar como una profundización del control y el disciplinamiento sobre la producción científica. Ante la creciente conflictividad, han instado al CIUNSa y al Rectorado a responder a través de canales oficiales y garantizar procesos que sean participativos, transparentes y respetuosos de los derechos académicos y constitucionales de la comunidad universitaria.
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