Nicolás
La Defensoría Pública confirmó 132 muertos, mientras que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, mantenía la cifra oficial en una sesentena, indicando que esta cambiaría al llegar los cuerpos a la morgue. Unos 2.500 policías fuertemente armados y apoyados por dos helicópteros incursionaron en dos zonas populares del norte de la ciudad.
El "Operativo Contención" buscó combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río que opera en las favelas. Se reportaron tiroteos, enfrentamientos e incendios. Un total de 81 personas fueron detenidas y las autoridades incautaron media tonelada de drogas y 100 fusiles.
Las ráfagas de disparos atemorizaron a la población de los complejos de Penha y Vila Cruzeiro. Comercios y escuelas permanecieron cerrados, y las calles se vieron afectadas por barricadas con más de 50 autobuses. Más de 85 centros educativos suspendieron clases. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró "horrorizada" y recordó las obligaciones de Brasil bajo las leyes internacionales.
Human Rights Watch y otras 30 organizaciones, incluida Amnistía Internacional, calificaron la operación como un "fracaso" de las políticas de seguridad y pidieron investigaciones exhaustivas. La Corte Suprema de Brasil había impuesto restricciones a los operativos en las favelas en 2020 (como limitar helicópteros o acciones cerca de escuelas), pero estas fueron levantadas este año. En 2024, alrededor de 700 personas han muerto en intervenciones policiales en Río.
