El uso y la fiscalización de los planes sociales se colocan una vez más en el centro del debate legislativo de Salta con la inminente llegada a la Cámara de Diputados del proyecto de ley N.º 91-53.055/25. La propuesta, impulsada por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura (Bloque Gustavo Sáenz Conducción), apunta directamente al presunto mal uso de los beneficios asistenciales al proponer una medida drástica: prohibir el ingreso y permanencia en casinos, bingos y salas de juego a todo aquel que perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH), subsidios sociales, o cualquier otra ayuda no contributiva, sea de origen nacional o provincial.
El Foco en la Desviación de Recursos
El corazón de la controversia y el principal argumento del proyecto residen en la necesidad de impedir que los recursos públicos —destinados esencialmente a garantizar la subsistencia, la alimentación y la salud de los sectores más vulnerables— sean desviados a actividades de azar. Los promotores de la iniciativa sostienen que este tipo de gastos es un desperdicio de fondos asistenciales que no solo incumple el propósito social del beneficio, sino que también tiene el potencial de agravar la situación económica de las familias receptoras.
Desde esta perspectiva, la ley no se presenta solo como una política de salud pública contra la ludopatía, sino como una herramienta de control y fiscalización para asegurar que el dinero del contribuyente se use conforme a los objetivos de la ayuda social.
Mecanismos de Control Propuestos
Para hacer efectiva esta fiscalización, la iniciativa prevé la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales. Este registro serviría como una base de datos consultable en tiempo real, permitiendo a los establecimientos de juego (casinos, bingos, hipódromos) verificar de manera instantánea si una persona se encuentra inhabilitada para el ingreso por percibir un plan social.
La medida subraya la preocupación legislativa por la gestión transparente y la correcta aplicación de la asistencia estatal. Si bien el proyecto apela a la lógica de la "prevención y el cuidado" de las personas en situación de vulnerabilidad, su implementación plantea un desafío: lograr un equilibrio entre el control del gasto social y el respeto a las libertades individuales de los beneficiarios.
