Debora
La fiscalía de Impugnación de Salta ha reabierto un caso de extorsión y corrupción que involucra a la diputada nacional Emilia Orozco. La decisión fue tomada por Mónica Poma, titular de la Fiscalía de Impugnación Nº 2.
La investigación se originó a partir de una denuncia de Cristian David Achaval, exdirector de ANSES en Metán, quien afirmó haber sido presionado para ceder entre el 5% y el 10% de su salario a La Libertad Avanza para financiar actividades del partido. Achaval indicó que los pagos debían efectuarse a través de asesores, cuentas asociadas con el partido Ahora Patria o en efectivo en oficinas políticas.
El denunciante sostiene que cuenta con grabaciones y documentos que respaldan sus afirmaciones y que Orozco ejerció presiones directas sobre él, incluyendo maltratos telefónicos y solicitudes para realizar actividades de campaña en ANSES. También testimonió que otro exdirector de ANSES, Gustavo Pantaleón, fue forzado a renunciar por negarse a realizar contribuciones.
Aunque inicialmente el fiscal penal de primera instancia desestimó la denuncia, calificándola como un "conflicto de índole privada", la fiscal Poma decidió reexaminar el caso y ha ordenado una investigación más exhaustiva. Se requiere informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y a la dirección del partido sobre los mecanismos legales de financiamiento.
El objetivo es determinar si las demandas de aportes a funcionarios públicos infringen la normativa electoral vigente o constituyen un delito de extorsión y abuso de poder. La investigación también se extiende a otros dirigentes salteños, incluyendo a Carlos Zapata y Ricardo Ortega.
