Debora
El Gobierno nacional ha decidido detener la auditoría sobre las pensiones por discapacidad, que afecta a más de un millón de beneficiarios. Esta medida, ordenada por el ministro de Salud, Mario Lugones, se implementará mientras continúa la investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ANDIS fue intervenida tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo, en los que se mencionan irregularidades en la compra de medicamentos.
Hasta ahora, la ANDIS ha dado de baja a 128.667 beneficiarios, identificando irregularidades en su inclusión. De estas bajas, 110.522 fueron por pensiones otorgadas erróneamente, 8.107 por fallecimientos y 10.038 por renuncias a la ayuda. Esta situación ha generado preocupación, especialmente por el impacto en las personas con discapacidad severa.
Además de la suspensión de la auditoría, las autoridades han decidido revisar también las más de 120.000 bajas ya realizadas. Mientras dure la investigación, no se enviarán nuevas citaciones ni se realizarán controles presenciales a los 1.013.400 beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral.
Por otra parte, la propuesta de integrar la ANDIS al Ministerio de Salud para aumentar la transparencia en las licitaciones también ha sido pospuesta. Esta reestructuración había sido considerada para mejorar la supervisión del presupuesto y las contrataciones de la agencia.
