Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La tensión político-social volverá a escalar a un nivel crítico en las calles del país. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas que dejará vacías las dependencias públicas nacionales y provinciales en rechazo frontal al DNU 70/2023 firmado por la gestión del presidente Javier Milei.
El anuncio formal fue encabezado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien confirmó que la militancia estatal desembarcará masivamente en las inmediaciones del Congreso de la Nación este jueves a partir de las 13:30 horas. La marcha se da en paralelo al tratamiento legislativo que busca voltear el decreto fundacional del Ejecutivo nacional.
La huelga de los empleados estatales no actuará de forma aislada: confluirá directamente con la convocatoria de la Quinta Marcha Federal Universitaria. De este modo, la jornada unificará reclamos del movimiento estudiantil, sindicatos docentes, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de todo el arco opositor.
Bajo la premisa de frenar lo que los sectores convocantes definen como un "saqueo institucional" que golpea las finanzas de la educación superior, los derechos laborales y la soberanía, la protesta promete paralizar el centro porteño y replicarse con fuerza en las principales capitales del interior del país, con concentraciones previstas en la ciudad de Salta.
Durante la jornada de fuerza de 24 horas, la atención en las dependencias estatales estará severamente resentida y los servicios esenciales se mantendrán bajo un esquema estricto de guardias mínimas.
Entre los sectores estratégicos que registrarán demoras y complicaciones operativas se encuentran:
Organismos de administración y recaudación: ANSES, AFIP/Aduanas y PAMI.
Fiscalización e inspección: Sanidad vegetal y animal (Senasa), transporte y registros nacionales.
Atención al público: Trámites administrativos en ministerios y delegaciones federales.
Con este escenario de huelga masiva y movilización a las puertas del Poder Legislativo, el Gobierno nacional enfrenta un duro test de gobernabilidad que medirá fuerzas tanto en el recinto parlamentario como en la calle.
