Agustín
El presidente Javier Milei ya ha anticipado su intención de judicializar la ley si el veto es desestimado. En declaraciones recientes, defendió que los aumentos de gastos contemplados en la legislación violan la "restricción financiera" y aseguró que no afectarían el gasto público.
Desde el Poder Ejecutivo, equipos técnicos trabajan en los detalles para presentar planteos judiciales con el objetivo de evitar la aplicación de la ley. Entre las medidas que propone la legislación se encuentran la regularización de pagos y la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, así como compensaciones de emergencia para prestadores de servicios.
El Gobierno sostiene que los costos asociados a la ley no están contemplados en el presupuesto vigente, buscando así evitar incrementar el déficit fiscal justo antes de las elecciones. La clave de su defensa se basa en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que estipula que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar las fuentes de financiamiento.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la Ley de Emergencia de Discapacidad podría impactar entre el 0,22% y el 0,42% del PIB.
En materia de discapacidad, el proyecto busca garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud, además de establecer un financiamiento adecuado para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad y la promoción del modelo social de discapacidad.
La sesión del Senado de hoy será crucial, ya que podría marcar la primera vez en 22 años que un gobierno enfrenta un revés en el veto a una ley. La Cámara de Diputados ya rechazó el veto el 20 de agosto con un amplio respaldo.
El debate comenzará con la insistencia en la ley de discapacidad, seguido de otros temas legislativos. Se espera que la sesión sea presidida por Victoria Villarruel.
