Agustín
La causa se inició a raíz de denuncias presentadas por personal médico y autoridades sanitarias, quienes informaron que la acusada habría confeccionado copias de sellos con nombres y matrículas profesionales ajenas. La mujer utilizó esos elementos para certificar documentación y firmar libretas de asignación familiar de terceros sin autorización. En su poder fueron hallados tres sellos pertenecientes a profesionales que no prestaban funciones en el centro de salud donde trabajaba.
En una audiencia flexible y multipropósito, el juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, hizo lugar durante un año al beneficio de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa. Destacó que la imputada no registraba antecedentes condenatorios, es madre de cuatro hijos menores y carece de empleo formal.
Como reparación del daño, la mujer ofreció la entrega de pañales durante seis meses a un centro de salud público y el pago de una suma en efectivo a cada uno de los damnificados.
El tribunal le fijó a la acusada una serie de reglas de conducta por dos años, entre ellas: fijar domicilio e informar cualquier cambio, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes ni abusar del alcohol, procurar un trabajo acorde a sus capacidades y realizar tratamiento psicológico en caso de ser requerido por un profesional. El control del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Oficina Judicial.
