
Ocurrió en noviembre de 2024, cuando un hombre sufrió la sustracción de una importante suma de dinero desde el interior de su camioneta, mientras almorzaba.
Se trata de 20 personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde el interior del penal de Villa Las Rosas.
Policiales04/08/2025
Nicolás

Se inició en la Sala de Grandes Juicios , el juicio por la causa de narcotráfico en la Unidad Carcelaria 1 de Salta. El Ministerio Público Fiscal de Salta acusa a 20 personas de integrar una red criminal que operaba desde el penal de Villa Las Rosas.
Este juicio estará a cargo de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar y se prevé que más de 180 testigos presten declaración a lo largo del proceso.
La causa
La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, acusa a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos, de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas, en la cual cada uno desempeñaba un papel especifico.
“La investigación se inició a partir de denuncias anónimas, que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria 1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se incluían la solicitud de sobornos a cambio de beneficios para los internos, así como la facilitación del ingreso de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes al recinto de detención”, detalla el comunicado.
Durante la pesquisa se analizaron más de 50 cuentas bancarias, de las cuales se obtuvo un resultado de “más de 1.000 transferencias realizadas por familiares de personas privadas de la libertad”. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales durante el periodo investigado, comprendido entre 2021 y 2023.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García habrían exigido indebidamente dádivas a internos penados alojados, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad. Por esta razón, quienes pagabana gozaban de beneficios como salidas transitorias, cambios de pabellón, el otorgamiento de salidas a granja, utilización de celualeres, cargadores, comidas o uso de estupefacientes, entre otras cosas.
“En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria; los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes; y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva” según describen desde el MPFS.

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