
Se trata de una carta que habría sido escrita por Laura Leguizamón.
El vocero presidencial anunció un paquete normativo que incluye un decreto y un proyecto legislativo para modificar los controles sobre los movimientos financieros
Nacionales22/05/2025En el marco de la presentación del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el titular de ARCA, Juan Pazo, anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que calificó como parte de una “exagerada burocracia”. Según dijo, el organismo “nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”.
Desde mañana, los consumos hasta $10 millones y toda clase de movimientos financieros de hasta $50 millones quedarán debajo del radar del Gobierno.
Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. También se modificaron los umbrales de varios regímenes: los reportes por saldos bancarios mensuales se elevan a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas; los plazos fijos a $100 millones y $30 millones respectivamente; las transferencias en billeteras virtuales ahora se reportan desde $50 millones y $30 millones según el caso. Las tenencias en sociedades de bolsa solo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.
Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago. En paralelo, Pazo anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial. Desde junio, los contribuyentes podrán adherirse y al cierre del ejercicio fiscal el sistema de ARCA propondrá un monto de pago que podrá aceptarse o rectificarse. El nuevo esquema busca reducir la carga administrativa y reenfocar la fiscalización sobre los grandes contribuyentes, con el objetivo de fomentar la formalización y el acceso al crédito.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, acompañó los anuncios con la presentación de un nuevo marco normativo centrado en el desarrollo de finanzas abiertas. Según explicó, el objetivo es reducir la carga burocrática para quienes interactúan con el sistema financiero y mejorar la calidad de los servicios. Bausili detalló que el 98% de los adultos en Argentina ya tiene acceso a una cuenta bancaria y que el nuevo paso es alcanzar el “bienestar financiero”. En ese marco, el Banco Central definirá parámetros para que cada persona pueda compartir, de forma segura y digital, su información financiera, decidiendo con quién y cómo lo hace. Esto permitirá, por ejemplo, gestionar perfiles crediticios sin necesidad de presentar declaraciones patrimoniales extensas, mediante el uso de datos como ingresos declarados en ARCA o consumos de servicios públicos.
Cambios anunciados por ARCA
1. Derogación de regímenes informativos
Se eliminan varios mecanismos mediante los cuales comercios, bancos y profesionales debían reportar operaciones a ARCA:
Compras personales con tarjeta, débito o billeteras virtuales.
CITI Escribanos: ya no deberán reportar operaciones notariales.
Compraventa de vehículos usados.
Pagos de expensas (antes se informaban desde $32.000).
COTI (cuando se pone una propiedad en venta).
Consumos relevantes de servicios públicos: electricidad, gas, agua, telefonía.
2. Prohibición de exigencias fiscales bancarias
Se prohíbe a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales (Ganancias y Bienes Personales) como condición para operar.
Las personas podrán negarse a presentarla y acudir a Defensa del Consumidor en caso de conflicto.
3. Nuevos umbrales de información fiscal
Se modifican los montos mínimos a partir de los cuales bancos y comercios deben informar operaciones a ARCA:
Transferencias y acreditaciones bancarias:
Antes: $1.000.000.
Ahora: $50.000.000 (personas físicas), $30.000.000 (personas jurídicas).
Extracciones en efectivo:
Antes: cualquier monto.
Ahora: $10.000.000 para ambos tipos de contribuyentes.
Saldos bancarios a fin de mes:
Antes: $700 mil a $1 millón
Ahora: $50.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).
Plazos fijos:
Antes: $1.000.000.
Ahora: $100.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).
Transferencias/acreditaciones en billeteras virtuales:
Antes: $2.000.000.
Ahora: $50.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).
Tenencias en sociedades de bolsa (Alycs):
Antes: cualquier monto.
Ahora: $100.000.000 (físicas), $30.000.000 (jurídicas).
Compras del consumidor final:
Antes: $250.000 en efectivo / $400.000 con otros medios.
Ahora: hasta $10.000.000 sin necesidad de identificación.
4. Régimen Simplificado de Ganancias
Enfocado únicamente en facturación e ingresos deducibles.
Elimina la obligación de declarar consumos personales y patrimonio.
Disponible desde el 1° de junio de 2025.
El sistema de ARCA preparará la liquidación automáticamente y el contribuyente podrá aceptarla o modificarla.
Sustituye el actual sistema complejo de declaración jurada integral.
Se enfocará en grandes contribuyentes, buscando reducir el costo de cumplimiento para personas físicas.
5. Reforma del sistema tributario
Cambio en la matriz de fiscalización: el nuevo enfoque prioriza la lucha contra la informalidad sofisticada.
Reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario.
Envío de un proyecto de ley para blindar el ahorro de los argentinos ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales futuras.
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