Una situación polémica fue destapada por medios nacionales, donde acusan que la región de Aguas Blancas infló su padrón con extranjeros.
FRENTE A FRENTE.-La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el juez Ignacio Colombo, a cargo del Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, condenó a una mujer a seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autora del delito de circunvención de incapaz.
Tras conocer las pruebas reunidas por la Fiscalía, la mujer admitió ser responsable del delito que se le atribuyó. Como parte del acuerdo alcanzado, deberá cumplir reglas de conducta y entregar a la víctima la motocicleta, aire acondicionado y celular adquiridos con los recursos del damnificado.
La mujer fue denunciada en marzo pasado por defraudar a un jubilado vendedor ambulante, quien padece de hipoacusia neurosensorial bilateral y carece de experiencia en el manejo de herramientas financieras digitales.
Los investigadores de UDEC determinaron que la ahora condenada, se aprovechó de la condición de vulnerabilidad del damnificado y de su relación previa con él —ya que habían trabajado juntos—, además de utilizar su cargo como inspectora de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta. Asimismo, abusó de la necesidad económica tanto del damnificado como de su hermana, ambos adultos mayores, para obtener una extensión de su tarjeta de crédito, gestionar préstamos a su nombre y transferir dinero de su jubilación a la cuenta de Mercado Pago de la acusada.
Se estableció también que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, la mujer generó múltiples deudas a nombre del jubilado, al adquirir un celular, un aire acondicionado y una motocicleta. En sólo cuatro meses, provocó obligaciones financieras por más de 8 millones de pesos. Además, hizo que el denunciante firmara documentos bajo el engaño de que lo ayudaría con la renovación de los papeles necesarios para su puesto de venta de empanadas, obteniendo así beneficios económicos indebidos.
El 10 de mayo, por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, requirió la detención de la mujer y el secuestro de sus bienes.
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