Habrían casi 20 mil pensiones truchas en Salta

Mientras que en todo el país se avanza con la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez, Salta quedó en el centro de una escandalosa investigación judicial por la existencia de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez que estarían siendo cobradas de forma fraudulenta. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la causa, que adelantaron a El Tribuno que "la investigación está muy avanzada" y que en cualquier momento será presentada públicamente.

"Estamos trabajando para identificar quiénes son las personas que estuvieron detrás del otorgamiento de estas pensiones", agregaron. El tema es llegar al hueso de las maniobras y dar con todos los eslabones de la cadena fraudulenta. La investigación sobre las pensiones no contributivas comenzó tras detectar que un médico de Joaquín V. González extendía certificados truchos a personas de Taco Pozo, localidad chaqueña limítrofe con Salta. Esa maniobra derivó en la apertura de una causa penal que tramita la Justicia Federal.

"Estamos hablando de billones"
Hace pocos días, en diálogo con FM Infinito 96.5, el fiscal federal general Carlos Amad explicó que "comenté el caso con el fiscal general del distrito, el doctor (Eduardo Villalba) e iniciamos una investigación en Salta y Jujuy. Está muy avanzada.", reveló Amad.

Consultado sobre si en Salta también ocurría lo mismo que en Taco Pozo, el fiscal fue categórico: "Sí, obviamente que pasa. No solo que pasa, sino que yo puedo anticipar que los montos son escandalosos. Es más grande que lo de Taco Pozo, que es un pueblo. Acá estoy hablando del total de la provincia". Y fue más allá: "Estamos hablando de billones de pesos", expresó.

Al ser consultado sobre si hay mucha gente involucrada o si es un grupo reducido, respondió: "Tenés de todo: el médico que firma el certificado trucho, el bioquímico que valida análisis falsos, los administrativos que arman los expedientes, y hasta gente en Buenos Aires que da el visto bueno cuando no debería hacerlo", detalló el fiscal.

Y finalmente, precisó: "Si son más de tres personas, ya es una banda criminal, por lo tanto estamos hablando de una asociación ilícita".

La puerta que se abrió
El caso testigo que activó todas las alarmas ocurrió en Taco Pozo, un pueblo chaqueño de apenas 10.222 habitantes. Allí, entre 2020 y 2023, se otorgaron 740 pensiones no contributivas por invalidez laboral con documentación médica apócrifa. La causa ya tiene 13 imputados, entre ellos el intendente Carlos Ibáñez, funcionarios municipales, personal de la Anses y tres médicos, entre ellos Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del hospital de Joaquín V. González.

Anaya firmaba certificados falsos desde su consultorio en Salta, los cuales eran usados para gestionar beneficios en Chaco. En la mayoría de los casos, los beneficiarios pagaban hasta $30.000 para acceder a una pensión por invalidez que, por ley, debería tramitarse de forma gratuita.

El fiscal Amad desplegó una investigación detallada: allanamientos, secuestro de documentación, declaraciones testimoniales e informes de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), que corroboraron que muchas pensiones se otorgaron con radiografías duplicadas o incluso con estudios veterinarios.

Auditoría nacional
Los números de la auditoría que impulsa la nueva gestión de la Andis son alarmantes: solo 7 de cada 100 pensiones analizadas cumplen con los requisitos legales. En Salta, se pusieron bajo la lupa 58.223 beneficios. Aunque son menos que los 99.134 de Chaco, duplican a los 23.230 otorgados en Jujuy.

Se estima que más de 500.000 pensiones podrían ser dadas de baja en todo el país cuando culmine el operativo que revisará caso por caso, con controles médicos y cruces de datos socioeconómicos. En Salta, municipios como El Quebrachal, Joaquín V. González y Talavera ya están marcados con rojo por la Justicia Federal.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue contundente al exponer el tema en una de sus conferencias: "La radiografía de un hombro roto fue utilizada como prueba en 150 trámites distintos. ¿Cómo nadie en la Andis detectó esto?".

Uno de los casos más grotescos data de 2022, cuando un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión por invalidez la radiografía de un perro como prueba. En la imagen se veía la cola del animal.

El costo del fraude
Entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral se multiplicó por 15: de 79.000 a 1.224.000. Solo el último año, según estimaciones oficiales, el Estado perdió más de 3.400 millones de dólares por este mecanismo fraudulento.