
Desde la Municipalidad incrementaron los controles para quienes arrojan residuos o escombros en lugares no permitidos.
La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.
Salta31/03/2025
Nicolás

FRENTE A FRENTE.-El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
El pasado viernes, el juez Leonardo Feans, recibió el testimonio de vecinos del lugar donde funciona el dispositivo, quienes alertaron oportunamente sobre los gritos de los niños que escuchaban y que asociaron a malos tratos. Entre ellos, una mujer quien es maestra jardinera, ratificó lo declarado oportunamente y aseguró que, desde su experiencia profesional, los gritos no correspondían a actividades lúdicas, sino a situaciones de violencia.
Para la segunda semana del debate, está prevista la declaración de profesionales psicólogos que intervinieron con los menores del hogar y, tras advertir indicios de malos tratos, dieron aviso a la Secretaría de la Niñez. También declarará personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que realizó la inspección ocular en el lugar.
La investigación inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.
Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.

Desde la Municipalidad incrementaron los controles para quienes arrojan residuos o escombros en lugares no permitidos.

Las investigaciones iniciaron por reportes al sitio de Denuncias Web. Fue un trabajo de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Cuatro personas fueron puestas a disposición de la justicia por diferentes causas. Hubo secuestro de más de 1900 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad.

En esta ocasión, se abrió una convocatoria para el puesto de vigilador general en una empresa de servicios de seguridad y limpieza. Los interesados pueden postularse ingresando al Facebook oficial de la Oficina de Empleo o a través de Whatsapp al nro. 3874263054.

Unión Huaytiquina desmiente categóricamente la versión de una subasta fijada para el 12 de diciembre, atribuida a una notificación judicial que circuló en las últimas horas. Desde la institución aseguran que la deuda fue saldada y que se trata de una estrategia para "generar alarma social".

En el avance de la investigación, se logró individualizar a dos de los detenidos como sospechosos de haber iniciado un foco ígneo que causó 22 lesionados y 1 fallecido.

El registro, filmado dentro de la Unidad Carcelaria N.º 1, expuso nuevamente la falta de control en el penal salteño. Los internos aparecen usando celulares, prohibidos por normativa, y el caso reaviva el debate sobre seguridad, hacinamiento y fallas estructurales en el sistema penitenciario.


El joven de 22 años falleció en el hospital San Bernardo luego de haber sido brutalmente apuñalado en barrio 20 de Febrero. Sus familiares aseguran que había identificado a los agresores, que existían amenazas previas y que aún no hay detenidos. Exigen avances urgentes en la investigación.

El hombre de 25 años se ausenta de su hogar desde el 27 de noviembre en barrio Atocha III. Sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 10 La Lonja.

Un joven que asistió por una emergencia terminó en una situación de violencia inusitada dentro del hospital Melchora F. de Cornejo de Rosario de la Frontera, donde acusa a un profesional de la salud de haberlo agredido tras una fuerte discusión. El hecho desató una investigación interna y la separación preventiva del facultativo.

El registro, filmado dentro de la Unidad Carcelaria N.º 1, expuso nuevamente la falta de control en el penal salteño. Los internos aparecen usando celulares, prohibidos por normativa, y el caso reaviva el debate sobre seguridad, hacinamiento y fallas estructurales en el sistema penitenciario.

El procedimiento se realizó esta madrugada en ruta provincial 5, kilómetro 150, durante un control preventivo.