Agustín
N.M., de 14, y T.G., de 17, están detenidos por el crimen de Kim Gómez, de 7 años, a quien arrastraron por 15 cuadras luego de robar el auto de su mamá con la niña todavía en el interior. Aunque ambos fueron detenidos, el proceso judicial tomará diferentes caminos para ellos a causa de sus edades.
N.M., según la ley, es inimputable, por lo que no puede ser condenado por el homicidio. “Lo que se dispone, en este tipo de casos, es una medida de seguridad debido a que se trata de un hecho de extrema gravedad. Va a un instituto privado de la libertad”, explicó a Infobae una fuente del fuero juvenil de la provincia de Buenos Aires, con vasta experiencia en una de las zonas del conurbano más complicadas en materia de delitos cometidos por menores.
Esa medida de seguridad se toma por un plazo estipulado, generalmente, por 180 días que pueden prorrogarse, detalló el funcionario. Sin embargo, esas prórrogas no pueden durar demasiado en el tiempo. “En algún momento, se va a ir. Por la gravedad de lo que ocurrió, mínimo va a estar un año. Pueden ser dos, aunque no está estipulado, no puede ser más alto”, aseguró con crudeza.
La situación del adolescente de 17 años, quien había cometido un intento de robo similar en febrero, es diferente por ser punible. Es probable que en el término de cinco días se le dicte la prisión preventiva y quede detenido en un instituto cerrado de menores.
Luego, el expediente se elevaría a juicio y, eventualmente, se realizaría el debate dentro del ámbito de la Justicia penal Juvenil, probablemente, dentro de un año.
En el caso de ser encontrado culpable, tendrá una pena diferente a la de un adulto. “No se le puede aplicar perpetua a los menores. Generalmente, se da la mitad de años que a un mayor de edad”, puntualizó la fuente.
Al momento de dictar sentencia, inclusive, “el juez puede no dictarle pena, si el acusado cumple un tratamiento tutelar adecuado”. Otra alternativa, sería un juicio abreviado en el que se pacta una pena. “A diferencia del adulto, tiene una legislación más favorable también en ese proceso”.
"Es muy difícil explicarle a una víctima de un homicidio que se trata de un menor y que probablemente no le apliquen una condena cuando mataron a su hijo o hija”, indicó la fuente.
Al mismo tiempo, señaló: “El decreto de Ley que estipula la Ley de menores (N°22.278), es de la Dictadura, nunca se modificó, pese a que hay millones de proyectos”.
“Es un tema complejo, pero la gente quiere respuestas: quiere que los pibes no salgan, quieren vivir en paz y que los menores no maten más. Entonces, ven que la única forma es subir la pena”, indicó. “Nosotros, que estamos del otro lado, decimos que subir la pena no sirve. Lo cierto es que hay un recrudecimiento, por lo menos, en la violencia que tiene que ver con un montón de factores. El más determinante es el consumo de droga”, finalizó.
