El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, informó que, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Rosmery Aramayo Torres, este miércoles 26 se realizará una nueva jornada de búsqueda y rastrillaje en la zona del camino a Rancho El Ñato, de la que también participará el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
Para organizar el operativo, este martes por la tarde, se realizará una reunión logística entre personal de la Fiscalía, de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, personal policial de la jurisdicción y de Defensa Civil, a fin de coordinar las tareas que se desplegarán durante la búsqueda.
Cabe recordar que Rosmary Aramayo Torres, se encuentra desaparecida desde el 17 de enero en Salvador Mazza. Por el hecho se encuentran detenidos e imputados José Eduardo Miranda (51) y José Alfredo Miranda (21).
El fiscal Vega destacó que son intensivas las tareas que se cumplen en procura de ubicar el paradero de la mujer desaparecida y lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Mientras que en todo el país se avanza con la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez, Salta quedó en el centro de una escandalosa investigación judicial por la existencia de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez que estarían siendo cobradas de forma fraudulenta.
El tiempo tendrá variaciones y habrá picos de máximas el viernes, mientras que el domingo será -en principio- el día más frío.
Se llevará a cabo el 19 de abril en la plaza 25 de Mayo del barrio 20 de Junio a partir de las 16 horas. Habrá obras infantiles y familiares, distintos shows y una mini suelta de libros. Todo será totalmente gratuito.
Efectivos de la Comisaría 8 de Capital recuperaron un teléfono celular sustraído. Durante la intervención se secuestraron otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 4.
El Intendente Emiliano Durand, firmó y promulgó la ley, antes de los festejos por el aniversario de la ciudad de Salta.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró que le exigieron una suma de dinero en efectivo a cambio de no secuestrarle el vehículo.
El hecho sucedió en la provincia de San Juan y ahora la Justicia la obligó a realizar tareas comunitarias y pagar una multa.
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Los estudiantes fueron trasladados al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local.
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