
El uniformado fue señalado como el presunto cabecilla de la banda, aunque no sería el único hecho delictivo por el que fuera acusado, sino que ya estaría involucrado en varios hechos de contrabando.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga 19 denuncias contra una constructora por incumplimiento de contrato.
Policiales15/11/2024FRENTE A FRENTE.-Por requerimiento de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta.
Salinas Odorisio investiga denuncias en contra de la firma AyG Desarrollos Inmobiliarios, vinculadas a la construcción de viviendas que no fueron entregadas. Por esta causa, dos hermanas, socias de la empresa, fueron imputadas provisionalmente por 19 hechos de estafa; mientras que a una arquitecta se la imputó provisionalmente por 18 hechos de estafa.
Durante los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en calle Dean Funes al 300, barrio Grand Bourg y El Huaico fueron secuestrados documentos de interés para la causa, folletería de marketing, $ 9.990.000 de una caja fuerte, celulares, y un automóvil Peugeot 208.
La intervención de UDEC inició luego de que una mujer denunciara que contrató a una empresa constructora para desarrollar una vivienda. Según la denunciante, el presupuesto total acordado fue de $14.950.000, y habría entregado un anticipo de 35.000 dólares en efectivo en la oficina de la firma, ubicada en el centro de la ciudad. La empresa, según el testimonio de la mujer, asignó a una arquitecta como responsable del proyecto y aseguró que las obras comenzarían tras obtener las habilitaciones municipales necesarias.
Dos meses después, y al no recibir avances ni respuestas concretas, la denunciante habría consultado directamente con la municipalidad correspondiente. Afirmó que allí tomó conocimiento de que la empresa no había iniciado ningún trámite relacionado con la construcción. Ante esta situación, aseguró que realizó personalmente las gestiones y completó los trámites en julio del mismo año, notificando posteriormente a la constructora sobre la habilitación obtenida.
De acuerdo con la mujer, la firma fijó la fecha de inicio de obra para el 12 de septiembre de 2022, con un plazo estimado de 120 días para su finalización. Sin embargo, afirmó que, al cumplirse esa fecha, la construcción no comenzó.
Posteriormente, otras 19 personas radicaron denuncias similares en contra de la constructora.
La fiscal Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir los elementos suficientes, requirió el allanamiento de los domicilios e imputó a las dos socias y la arquitecta de la firma AyG Desarrollos Inmobiliarios SRL.
El uniformado fue señalado como el presunto cabecilla de la banda, aunque no sería el único hecho delictivo por el que fuera acusado, sino que ya estaría involucrado en varios hechos de contrabando.
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