La insólita explicación de Alberto Fernández a los moretones de Fabiola Yañez

Según la entrevista con Horacio Verbitsky en “El cohete a la Luna”, el exmandatario nacional sostuvo que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física.

El ex jefe de Estado afirmó que su expareja se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo cual, según él, podría haber ocasionado el hematoma visible en las fotografías que han sido ampliamente difundidas por los medios.

"Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?", planteó Fernández y añadió: "¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?".

"Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Estanislao) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido", indicó.

En medio de acusaciones, la socióloga y referente feminista Dora Barrancos, según Alberto Fernández, habría realizado un comentario a colegas.

Barrancos, quien ha sido cercana al expresidente, supuestamente aseguró en un chat privado que tiene pruebas de que Fernández nunca agredió físicamente a Yáñez.

Verbitsky publicó en su web una nota y reproduce el texto adjudicado a Barrancos: "Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a Fabiola. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica".

La socióloga también destacó que, en su opinión, Fernández fue incapaz de romper un vínculo que describió como tóxico, y criticó el uso del caso por parte de algunos sectores como un ataque político en contra del expresidente y su entorno.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando, ya que el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini llevan adelante la investigación, que se centra en determinar si las lesiones que presenta Yáñez fueron producto de una agresión física por parte de Fernández, un delito que podría tener una pena máxima de dos años de prisión.

Por su parte, el exmandatario solicitó que el caso sea trasladado al juzgado federal de San Isidro, argumentando que hay un sesgo político en el proceso.