Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La Unidad Fiscal creada por Resolución de la Procuración General, e integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio oral y público de la causa en contra de Claudio Alejandro Parisi (50) y Maximiliano Germán Correa (42) , en calidad de autor y partícipe necesario respectivamente por la comisión del delito de Cohecho Pasivo Agravado (Arts. 257, 45 y 46 del C.P.) Por otra parte el imputado Roberto Ortega Serrano (54) deberá responder en el debate en calidad de autor por la comisión del delito de Cohecho Activo (Art. 258 y 45 del C.P.).
Entiende la Unidad Fiscal que se ha reunido la sospecha necesaria para acusar a Claudio Alejandro Parisi, magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Orán, quien habría acordado recibir una suma de dinero a través de su secretario letrado Maximiliano Correa por parte del abogado penalista Roberto Ortega Serrano. Esto con el fin de dictar una sentencia que beneficiara con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, quien se encontraba privado de la libertad por disposición del propio juez Parisi en un expediente judicial relacionado con un robo a la empresa Abra del Sol.
Los Fiscales iniciaron su investigación por la denuncia presentada por las abogadas Sandra Domene y Josefina Ruiz. A partir de allí, se recolectaron evidencias entre las que se destaca la inspección ocular realizada en el teléfono celular, reconocidas por Juan Ignacio Ruiz (hermano del detenido) al prestar declaración testimonial, y por el propio Ortega Serrano. Allí surge un intercambio de mensajes entre el 4 y 5 de abril de 2023 en el que Ortega Serrano manifiesta que obtendría la detención domiciliaria, a cambio del pago de una suma de dinero en dólares, refiriéndose a éste último con la utilización de los términos “pasamanos” o “entradas”.
De los datos extraídos del celular de Correa, se registraron llamadas telefónicas vía WhatsApp con Ortega los días 3 y 4 de abril de 2023, coincidiendo con las fechas de la presentación del pedido de arresto domiciliario y su traslado ordenado por el Juzgado.
También quedo acreditado que el imputado Ortega mediante un comportamiento evasivo intento ocultar la recolección de indicios probatorios. Durante el allanamiento a su domicilio el 3 de octubre de 2023, arrojó su teléfono celular a la propiedad de un vecino. Esto fue corroborado por el testimonio de una persona a quién éste le pidió que buscara su celular bajo el pretexto de que se les había caído a sus albañiles. Además, Ortega dio de alta una nueva línea telefónica ese mismo día, según informes de las prestatarias.
Ante la presentación de la acusación por parte de la Unidad Fiscal la causa penal seguida contra el Magistrado, el Funcionario y el abogado particular entra en la etapa intermedia del proceso penal consistente en el control de la misma por parte del juez Raúl López en su función de Garantías y a los fines de dar cumplimiento al art. 436 del Código Procesal Penal y en definitiva, resolver si corresponde o no, la elevación a juicio.
