Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Gabriel González, en Unidad Fiscal creada por resolución 1483 de la Procuración General para su tramitación, requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, para Matías Paz como autor de los delitos de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego
Salta02/07/2024
Agustín
Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Gabriel González, en Unidad Fiscal creada por resolución 1483 de la Procuración General para su tramitación, requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, para Matías Paz como autor de los delitos de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego (dos hechos), amenazas y tenencia y portación de arma de guerra agravada por haber suprimido el número o grabado del arma de fuego en concurso real.
Según consta en el requerimiento a juicio, a Paz se lo acusa de haber llegado a un bar de avenida Belgrano al 200 ( bar del Paseo Güemes) de la ciudad de Salta durante los primeros minutos del 23 de octubre de 2023 y haber mantenido un altercado con los mozos del lugar, donde hubo agresión física y amenazas, lo que fue registrado por las cámaras de seguridad del local.
Se retiró del lugar y regresó a los minutos portando un arma de fuego, con la que apuntó a dos de los empleados del lugar y les efectuó disparos que no llegaron a herir a nadie porque se refugiaron detrás de la barra.
Se lo acusa además de tener y portar un arma de fuego sin las condiciones habilitantes, agravado porque la pistola semiautomática 9 mm empleada, posee limado – borrado el número de serie, por lo cual no se puede cumplir con el trámite para corroborar su estado registral.
Se exponen de manera detallada los testimonios recibidos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, una reconstrucción virtual e informes realizados por peritos del CIF y otras medidas probatorias realizadas durante la investigación.
Cabe recordar que Paz permanece detenido con prisión preventiva ratificada el pasado mes de marzo por el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro.
Recientemente, el Tribunal de Impugnación, resolvió rechazar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, que pretendía nulificar el secuestro del arma de fuego.
Mientras que en todo el país se avanza con la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez, Salta quedó en el centro de una escandalosa investigación judicial por la existencia de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez que estarían siendo cobradas de forma fraudulenta.
El tiempo tendrá variaciones y habrá picos de máximas el viernes, mientras que el domingo será -en principio- el día más frío.
Se llevará a cabo el 19 de abril en la plaza 25 de Mayo del barrio 20 de Junio a partir de las 16 horas. Habrá obras infantiles y familiares, distintos shows y una mini suelta de libros. Todo será totalmente gratuito.
Efectivos de la Comisaría 8 de Capital recuperaron un teléfono celular sustraído. Durante la intervención se secuestraron otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 4.
El Intendente Emiliano Durand, firmó y promulgó la ley, antes de los festejos por el aniversario de la ciudad de Salta.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró que le exigieron una suma de dinero en efectivo a cambio de no secuestrarle el vehículo.
Su esposa, Nadine Heredia, recibió la misma pena. Ambos están acusados de lavado de activos.
La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección.
Efectivos de la Comisaría 8 de Capital recuperaron un teléfono celular sustraído. Durante la intervención se secuestraron otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 4.
Los estudiantes fueron trasladados al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local.
Mientras que en todo el país se avanza con la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez, Salta quedó en el centro de una escandalosa investigación judicial por la existencia de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez que estarían siendo cobradas de forma fraudulenta.