A un mes del punto más álgido en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la UBA comunicó que llegó a acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que regía en el establecimiento. No obstante, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les trasfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.
Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril a fin de solucionar el problema.
Sin embargo, habiendo pasado más de tres semanas desde aquella fecha, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.
La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En este, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.
“La Secretaría de Educación ha dictado las resoluciones Nro. 179 y 180, incrementando el presupuesto oportunamente prorrogado. Si bien (las sumas) se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad, posibilitan una programación presupuestaria”, se lee en los primeros puntos del documento emitido por los directivos.
Este continúa: “Resulta oportuno suspender la emergencia presupuestaria vigente en el ámbito de la Universidad estableciendo, no obstante, el estado de alerta y profunda preocupación tanto en materia de la imperante actualización salarial así como también de la continuidad de las asignaciones presupuestarias aún restantes que permitan la planificación y desarrollo de todas las actividades durante el presente ejercicio”.
La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales que, ante esta resolución, remarcan que con ellos todavía no avanzaron las tratativas y que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.
