FRENTE A FRENTE.-El arzobispo de Salta, Mario Cargnello, se vio envuelto en una gran polémica detuvieron la marcha de la camioneta del monseñor y al preguntarle si tenía licencia de conducir, el religioso admitió que no la tenía. Pero no fue lo único: la máxima autoridad de la Iglesia salteña reconoció que manejaba bajo los efectos del alcohol.
“Fui a una cena. No lo puedo negar, que quiere que le diga”, le dijo Cargnello al agente, apegado al mandamiento de no levantar falso testimonio. Pese a las dos graves infracciones que había cometido. “Vaya nomás”, le contestó la autoridad vial, pero en las últimas horas quien tomo la palabra fue Matias Assenato, secretario de Tránsito Municipal de Salta.
Aseguró que: "Vamos a ser firmes con esto. La ley se aplica igual para todos" y ya iniciaron con las acciones. Al oficial se le iniciará un sumario y se intervendrá de oficio para aportar pruebas al Tribunal de Faltas, y que se evalúe si el arzobispo tiene que ser sancionado.
“El Intendente me instruyó que inmediatamente se actúe de oficio, más allá del acta que se labró por falta de documentación. Se tomarán también medidas respecto de un posible caso de alcoholemia contra el Monseñor y se remitirá todo al Tribunal de Faltas. Se iniciará sumario al agente para saber porque no se actuó como debería haberlo hecho. Vamos a ser implacables con esto”, sentenció Assennato.
El insólito episodio ocurrió hace 10 días en un control sobre la avenida Bicentenario de la capital provincial, pero el video en el que se observa toda la charla entre el monseñor y el agente se viralizó en las últimas horas.
Otra polémica para Cargnello
Hace poco más de un mes, Cargnello fue encontrado culpable por la Justicia de Salta en un caso por violencia de género contra un grupo de monjas que lo denunciaron en 2021. La pena impuesta por la jueza Carolina Cáceres Moreno, del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nª 3, incluye la obligación de realizar tratamiento psicológico y una restricción perimetral.
Junto a Cargnello, recibieron la misma pena el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajaya. Todos están acusados de haber agredido a Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, de esa provincia.
