Se tratará un proyecto para que los conductores ebrios sean responsables económicamente de la atención medica de las víctimas

La problemática de la siniestralidad vial no da brazo a torcer en Salta, con la gravedad de aquellos conductores irresponsables que cometen accidentes, colisiones e importantes daños por manejar bajo los efectos del alcohol, con la gravedad de los heridos y hasta muertes.

En medio de este complejo escenario que se presenta por estas semanas, en la Cámara de Diputados el tema también resonará este martes, cuando se trate un proyecto el cual busca que aquellos que conducen bajo los efectos del alcohol o cometen delitos graves, asuman los costos de su atención médica en instituciones de salud pública de la Provincia.

Así figura en el acta de labor, con el temario de cuestiones que debatirán y abordarán en la Cámara Baja de la Legislatura, donde sobresale este proyecto para “establecer que los costos de las prestaciones médicas en cualquier establecimiento del sistema de salud pública de la Provincia, ocasionados por la atención a personas que hayan conducido en estado de ebriedad o intervenido en delitos dolosos como victimarios, serán solventados por los mismos".

En sus fundamentos se aborda en que es intención establecer que, aquellos que ocasionen gastos médicos en los establecimientos sanitarios públicos, a raíz de situaciones provocadas por ellos al haber manejado borrachos “o por haber estado involucrado en un delito doloso como victimario”, asuman la responsabilidad de dichos gastos.

“Lo que se busca es establecer un criterio de justicia que no provoque que todos los ciudadanos deban cargar con la atención de personas que se pusieron en esa situación por conductas reprochables”, se recalca aclarándose que aquí no hay una intención pecuniaria ni recaudatorio, sino que pueda contribuir como herramienta de prevención ante la cantidad de episodios que se registran, producto del alcohol al volante.

 
“Cuando se produzca alguna de las situaciones descriptas, el costo producido deberá ser cobrado a las personas involucradas a través de un procedimiento de recupero que establezca la autoridad de aplicación”