
La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección.
Tras deliberar, el Tribunal de la Sala V de Juicio condenó a los tres hombres acusados de un hecho ocurrido en octubre de 2021. El tercer imputado cumplirá 10 años de prisión efectiva como partícipe secundario.
Policiales22/04/2024FRENTE A FRENTE.-Los fiscales penales, Leandro Flores, Ramiro Ramos Ossorio y Santiago López Soto, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Kalil Ezequiel Chejolan, Julián Bautista Bubrosky y Ricardo Galarza, como coautores del delito de doble homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido criminis causa, por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Pablo Jonathan Tolaba y Romina Isabel Zerda.
Chejolán y Bubroski fueron juzgados además por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por una causa acumulada.
Durante los alegatos, los Fiscales ratificaron la acusación contra los tres acusados y solicitaron al Tribunal la aplicación de la pena máxima que prevé el Código Penal Argentino.
En el fallo, dado a conocer este lunes, los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber, condenaron Kalil Ezequiel Chejolan y a Julián Bautista Bubrosky a la pena de prisión perpetua y multa por los delitos por los que llegaron acusados, y a Ricardo Galarza a la pena de 10 años de prisión efectiva como partícipe secundario doble homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido criminis causa, por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego . En el mismo fallo se dispuso que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
También se resolvió no hacer lugar a un pedido de nulidad solicitado durante los alegatos por uno de los defensores.
La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados, que atentaron contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección.
El agresor admitió su responsabilidad en los hechos, luego de conocer las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal.
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