Caso Thiago Altamirano: La familia paterna protestó contra la prisión domiciliaria a la madre

FRENTE A FRENTE.-A casi cinco meses del trágico suceso que conmocionó a la comunidad salteña, el caso por la muerte del pequeño Thiago Altamirano (2) volvió a movilizar las calles de la capital provincial. En la mañana de este jueves, familiares paternos y allegados al niño se concentraron frente a Ciudad Judicial para exigir justicia y manifestar su más enérgico rechazo a la decisión que le otorgó la prisión domiciliaria a la madre del menor.

La manifestación pública reflejó el profundo malestar generado por la resolución dictada el pasado 22 de octubre por el juez Antonio Pastrana, quien dispuso morigerar la situación procesal de María del Milagro Cuéllar Medina (19) y fijar un plazo de apenas 30 días de prisión preventiva para su pareja, Franco Funes (32).

De la hipótesis del accidente a la confirmación de una muerte violenta

El expediente, instruido por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, dio un giro radical en su etapa inicial. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del niño en una vivienda del barrio Convivencia, la versión preliminar instalada en torno a una supuesta caída accidental de la cama quedó totalmente descartada por la ciencia forense.

El informe de la autopsia determinó que Thiago falleció a causa de una insuficiencia respiratoria provocada por asfixia mecánica mediante la obstrucción de la boca y la nariz. Asimismo, los médicos legistas detectaron múltiples lesiones previas en el cuerpo del menor, evidenciando un contexto de violencia física extrema.

A partir de allí, la investigación recayó sobre el entorno familiar directo. Franco Funes fue imputado como autor de homicidio agravado por alevosía, luego de que estudios genéticos hallaran su material biológico en la víctima. En tanto, María del Milagro Cuéllar Medina fue acusada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, sustentado en chats de su teléfono celular que probarían que estaba al tanto de los maltratos previos sufridos por su hijo y no actuó para protegerlo.

Apelación de la Fiscalía y rechazo familiar

La decisión del juez Pastrana de conceder el beneficio domiciliario a la madre desató una fuerte ofensiva por parte del Ministerio Público Fiscal. El fiscal penal Daniel Espilocín presentó un recurso de apelación pidiendo la nulidad de la medida y exigiendo que ambos imputados permanezcan bajo prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses.

En sus fundamentos, Espilocín cuestionó la falta de sustento técnico en el fallo del magistrado para morigerar la detención de la joven, advirtió sobre los latentes riesgos procesales debido a la gravedad de los delitos —que prevén penas de prisión perpetua— y rechazó de plano la posibilidad de encuadrar el hecho en una conducta culposa, respaldándose en las tajantes conclusiones forenses.

Mientras la Cámara de Apelaciones define la suerte del recurso fiscal, la familia paterna insiste en que no cesarán en su reclamo: exigen que los dos responsables permanezcan tras las rejas en un establecimiento penitenciario hasta la realización del juicio oral.