Nicolás
FRENTE A FRENTE.-El Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta avanza firmemente en el análisis de un proyecto de ordenanza que busca regular de manera estricta el consumo de bebidas de alta estimulación en el ámbito municipal. La propuesta tiene como eje central prohibir la venta, el expendio y el suministro de bebidas energizantes a menores de 18 años en todo el ejido urbano capitalino.
La iniciativa fue impulsada por el concejal José García (bloque Yo Participo) y contempla un fuerte esquema de sanciones administrativas y monetarias para los locales comerciales que no respeten la restricción, llegando a la clausura efectiva del establecimiento en situaciones de reincidencia.
En el marco del tratamiento legislativo, se llevó a cabo un plenario de comisiones donde los ediles escucharon los argumentos de referentes del sector industrial y empresarial. Estuvieron presentes autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) y Bebidas Energizantes América Latina (BEAL).
Durante la exposición, los representantes empresarios detallaron el marco normativo actual encuadrado en el Código Alimentario Argentino e insistieron en que la estrategia más efectiva radica en la educación alimentaria y las campañas de concientización.
Asimismo, advirtieron que una prohibición tajante podría generar consecuencias no deseadas, como el incremento de la comercialización informal y la pérdida de trazabilidad sobre los productos que consumen los jóvenes.
El texto legislativo toma como referencia la caracterización realizada por la ANMAT, definiendo como energizantes a aquellos suplementos dietarios (con o sin gas) que combinan cafeína y taurina, asociados o no con glucuronolactona, inositol, aminoácidos y vitaminas.
En cuanto al régimen punitivo para los comercios infractores, se establecen las siguientes escalas:
Primera infracción: Multa pecuniaria de entre 150 y 300 Unidades Tributarias (UT).
Segunda infracción: Multa de 300 a 600 UT.
Reincidencia posterior: Clausura preventiva del local por un plazo de hasta 15 días corridos.
Locales no habilitados: Decomiso inmediato de la mercadería y clausura directa.
Finalmente, el proyecto encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la realización de campañas informativas masivas en redes sociales, medios de comunicación y la vía pública, facultando la firma de convenios con fuerzas de seguridad, organismos públicos y entidades civiles para fiscalizar el cumplimiento de la norma en la vía pública y comercios. La iniciativa continuará su debate en la Comisión de Legislación General.
