Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un prolongado periplo de impunidad internacional llegó a su fin en los tribunales salteños. En la jornada de este miércoles 21 de octubre de 2026, Nicolás Mendioroz Juncosa (37), un licenciado en Administración de Empresas oriundo de la capital salteña, quedó formalmente alojado en calidad de detenido en la Alcaidía Judicial de Salta tras haber sido deportado desde Australia y custodiado de regreso al país por efectivos de la Policía de Salta.
Sobre el profesional pesaba una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol desde el año 2022. La causa que lo involucra está caratulada como estafas reiteradas (tres hechos) y administración fraudulenta, tras haber montado un esquema de falsas inversiones financieras ligadas al mercado de criptomonedas.
La maniobra delictiva que dio origen al expediente se remonta al año 2021. Presentándose como un idóneo e insospechable operador de activos digitales, Mendioroz Juncosa convenció a vecinos, profesionales y familias de la provincia para que le entregaran sus ahorros en moneda extranjera con la promesa de colocarlos en Bitcoin y obtener jugosas rentabilidades. Sin embargo, los fondos nunca retornaron y los perjudicados pasaron a reclamar una suma acumulada superior a los 170.000 dólares.
En 2022, un día antes de la fecha fijada para su audiencia formal de imputación, el acusado huyó secretamente de Salta y salió del país. En aquel entonces, sus abogados defensores presentaron denuncias denunciando su "desaparición" para dilatar la búsqueda y despistar a los investigadores.
Tras cuatro años en la clandestinidad, una paciente labor de inteligencia impulsada por un grupo de abogados querellantes salteños logró geolocalizarlo y acorralarlo en Australia, notificando de inmediato a las autoridades migratorias de ese país para su deportación.
Durante el trámite de deportación, la defensa del imputado intentó frenar su encierro solicitando una eximición de prisión, ofreciendo para ello como fianza un inmueble a nombre de su padre. Sin embargo, la jueza de Garantías Claudia del Valle Puertas rechazó de plano el beneficio tras constatar que la propiedad pertenecía al progenitor solo en un 50%, advirtiendo que el peligro de fuga permanecía plenamente vigente dada la conducta evasiva del acusado.
Tras arribar al país por vía aérea y completar el traslado terrestre bajo estricta escolta desde Buenos Aires a la capital salteña, la magistrada ordenó su encierro inmediato a fin de concretar en las próximas horas la audiencia de formalización de la imputación que mantenía esquivada desde hacía cuatro años.
