Nicolás
FRENTE A FRENTE.-La frontera entre la provincia de Salta y Bolivia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión económica, social y judicial de los últimos años. La entrada en vigencia de la Resolución General 5910/2026 por parte de la recientísima Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desató una fuerte rebelión entre comerciantes, pasadores y autoridades locales, quienes advierten que las severas restricciones amenazan con paralizar de forma absoluta la subsistencia de las localidades fronterizas.
Mientras el organismo nacional argumenta la urgente necesidad de combatir la evasión, el contrabando de granos y el desvío masivo de mercaderías, la economía real de Aguas Blancas se encuentra virtualmente paralizada tras el endurecimiento del Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) y el cierre de pasos informales por parte de las fuerzas federales.
La economía de Aguas Blancas y los municipios del departamento Orán y San Martín depende casi de forma exclusiva del intercambio comercial con los compradores bolivianos que cruzan a diario desde Bermejo. Tras las nuevas reglas fijadas por la ARCA, el sector mercantil reporta un derrumbe estrepitoso en las ventas minoristas y mayoristas.
Desde la Cámara de Comercio local y pymes de la zona advirtieron que, de no frenarse las restricciones, se producirá un cierre masivo de locales y despidos en cadena. A su vez, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la resolución de "inconsulta" y criticó que las medidas nacionales "invalidan" obras estratégicas recientes, como la playa de transferencia para camiones de carga de más de un millón de dólares inaugurada en la zona.
Por otro lado, referentes locales recordaron que el denominado "bagayeo" o contrabando de hormiga constituye el único medio de vida para miles de familias. Cortar la actividad de cuajo sin ofrecer alternativas o un plan de transición laboral empuja a toda la población a una crisis humanitaria.
Frente a este escenario, la resistencia civil escaló rápidamente al plano legal e institucional. Los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza, bajo la representación técnica del abogado Adrián Albornoz, presentaron un amparo colectivo con pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal de Salta. El planteo exige declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la resolución de ARCA.
En el ámbito político, el Concejo Deliberante elevó una solicitud urgente al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, para que interceda de forma inmediata ante el Poder Ejecutivo Nacional a fin de derogar la norma o flexibilizar un régimen acorde a la realidad fronteriza.
Mientras los pobladores exigen la creación de una Zona Económica Especial o acuerdos bilaterales urgentes que formalicen el comercio de subsistencia, la frontera norte se mantiene en estado de alerta máxima.
