Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un operativo judicial y policial se desplegó en las últimas horas en la ciudad de Salta en el marco de las pesquisas destinadas a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de una mujer de 84 años, ocurrido durante la noche del pasado lunes 19 de octubre.
El procedimiento se activó a raíz de un llamado ingresado al Sistema de Emergencias 911, efectuado por un familiar directo de la víctima. Ante el reporte, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) en turno, Santiago López Soto, se constituyó de manera inmediata en el lugar del hecho para coordinar las primeras tareas de rigor junto a las fuerzas de seguridad.
Por disposición de la fiscalía, el cuerpo de la mujer fue trasladado hacia el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) con el objetivo de someterlo a la autopsia médico-legal que permita determinar fehacientemente la causa y data de la muerte.
Asimismo, se encomendó al personal de la Unidad UGAP y al Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF el despliegue de tareas investigativas de campo, las cuales incluyen el relevamiento de testigos en la zona, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y diversas pericias técnicas orientadas a reconstruir los momentos previos al deceso.
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la causa quedó formalmente bajo la órbita de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. La funcionaria judicial recordó que la investigación se rige estrictamente bajo los lineamientos de la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia.
Dicha normativa establece que, ante el fallecimiento de una persona —incluso en escenarios que preliminarmente puedan sugerir un suicidio o un accidente—, debe aplicarse como regla operativa la presunción de homicidio doloso. Esto obliga a desplegar todos los protocolos y medidas investigativas propias de un crimen desde las diligencias iniciales, procedimiento que continuará su curso hasta tanto los peritajes y las pruebas logren descartar de manera razonada la comisión de un delito.
